Juan tiene una finca en el estado Portuguesa, en el occidente de Venezuela, donde acostumbra a sembrar hasta cinco hectáreas de cebolla. En 2019, el campesino encargó semillas que le trajeron desde Colombia, pero un tipo de maleza invadió su cebollar.
El hombre, de 54 años de edad, se alarmó y tomó una muestra de la maleza, se subió a su carro y se dirigió a Acarigua, a la sede del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) para saber qué le estaba haciendo daño a sus cultivos. Pero, no encontró a ningún investigador calificado que lo ayudara con su problema.
Juan llevó lo que dañaba sus cultivos a la sede del INIA en Portuguesa. En el lugar, solo estaba la recepcionista y unos trabajadores administrativos. No había científicos. “Le pregunté a la secretaria si las personas que estaban me podrían ayudar con mi problema de maleza; es más, les llevé unas muestras. Ella (la recepcionista) me dijo que no estaban analizando nada, porque no estaban los licenciados”, detalló.
Los trabajadores en el ente no le dieron razones sobre por qué el brote de maleza en su campo, tampoco se ocuparon en encontrar el origen del mal. No había profesionales para investigar y aplicar el método científico en la entidad.
Estudio del campo venezolano
El INIA es una institución científica, adscrita al Ministerio de Agricultura, encargada de los estudios relacionados con el campo y la agricultura. Fue creada en 1961, durante el gobierno de Rómulo Betancourt, para estudiar los cultivos, evitar contaminaciones y propagación de plagas en los campos agrícolas y agropecuarios de Venezuela.
La institución era conocida como el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Fonaiap). En su momento llegó a ser una referencia en la región. Su personal era calificado con estudios superiores, doctorados y maestrías.
Estos profesionales creaban y aplicaban nuevas tecnologías e innovación a las cadenas agroalimentarias que buscaban desarrollar el sector rural del país. Su principal misión fue fortalecer la capacidad productiva y la formación de nuevos talentos para llegar a obtener una producción agrícola con equidad, autonomía y competente para tener un desarrollo sostenible de la agricultura futura del país.
Tras 70 años de actividad en Venezuela, el INIA se está quedando sin personal calificado. Muchas son las razones, como la emergencia humanitaria compleja, la falta de presupuesto para los laboratorios y profesionales científicos; sobre todo, la migración forzada de venezolanos.
El 2 de febrero, las Academias Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de Lengua, de la Ingeniería y el Hábitat, de la Historia, de Ciencias Económicas, de Medicina y de Ciencias Políticas y Sociales, firmaron un comunicado donde denunciaron la falta de presupuesto por parte del gobierno de Nicolás Maduro para la investigaciones científicas y humanitarias.
“La provisión presupuestaria ha sido un incontestable modo de afectar severamente el funcionamiento de las instituciones académicas y científicas”, se lee en el documento. Asimismo, dejaron claro que, desde hace cinco años, no reciben fondos suficientes para la innovación.
Esta situación también afectó al INIA, que desde hace una década, que además padece el desabastecimiento, la capacitación de nuevo personal y una asignación presupuestaria limitada.
La emergencia humanitaria compleja que afecta al país, también causa estragos en la comunidad científica, en especial los relacionados a la investigación en los campos de cultivo del país. Y es que se requieren al menos 12 mil millones de dólares para levantar la producción agrícola en el país, según datos de Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo y profesor titular de la Universidad del Zulia (LUZ).
Los bajos salarios y las malas condiciones laborales obligaron a muchos de los trabajadores del INIA a migrar o simplemente abandonar sus labores, lo que pone en riesgo años de estudios e investigación que se desarrollaron.
Una muerte anunciada
Investigadores del INIA, consultados para esta investigación, explicaron que el declive de la institución comenzó cuando el instituto científico fue trasladado del Ministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Agricultura, en el año 2007.
Para 2012, los investigadores del INIA dejaron de recibir un presupuesto sostenible para desarrollar nuevas investigaciones como: crear nuevas variedades de arroz, investigar las semillas de productos agrícolas, multiplicarlas y, sobre todo, hacer control de plagas de malezas.
Desde 2015, la falta de personal de relevo y la migración, así como la jubilación del personal calificado, afectó la institución científica, que tiene representación en 22 de los 23 estados del país.
La falta de información oficial sobre el actual estado del INIA, obligó al equipo de Efecto Cocuyo a contactar con la institución científica. Sin embargo, no hubo respuesta de las autoridades.
La página web oficial de INIA (www.inia.gob.ve) no está en funcionamiento actualmente. Además, las cuentas en redes sociales de la institución difunden solo propaganda política del gobierno de Nicolás Maduro. En otras palabras, es difícil saber, con certeza, cuántas sedes del INIA funcionan actualmente en Venezuela.
“No existe un instituto, por lo menos aquí en Portuguesa y creo que en otros estados tampoco, donde sencillamente el productor pueda asistir a tratar de buscar ayuda. Una parte de esa investigación que requiere el campo venezolano es la supervisión, el productor necesita tener algún sitio sanitario que deba aplicarse en algún cultivo en particular”, dice Celso Fantiel, primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro).
Se fueron del INIA y del país
Para Fantiel, la falta de profesionales en las áreas de investigación del INIA obligó a los agricultores a realizar sus estudios en el campo de forma autónoma e independiente del control del Estado. Ante la falta de observación científica, la contaminación en los campos venezolanos, con semillas de mala calidad o de origen extranjero, no compatible con los suelos del país, merma la producción agrícola nacional.
“Esa situación ha traído como consecuencia la importación de semillas a Venezuela que no funcionan en el campo del país; estas siembras no son chequeadas en el instituto porque no hay profesionales que lo atiendan”, reitera Fantiel.
Una data filtrada a Efecto Cocuyo revela que 108 profesionales, especializados en ingeniería agrónoma, con estudios agrícolas de cuarto nivel, desertaron de sus puestos, en su mayoría por la migración forzada desde 2015. Para 2021, en el INIA quedan 525 trabajadores. Según los investigadores entrevistados, la gran mayoría de este personal no están preparados académicamente para asumir cargos de investigación.
“Allí metieron gente por partidismos políticos. Por ejemplo, en Maracay hay 13 laboratorios que están siendo dirigidos por alguien que pertenecía al personal obrero. El desarrollo científico de la agricultura en el país es como una de las patas de una mesa y con la migración o renuncias del personal, esa mesa se ha ido cayendo porque le falta una de sus estructuras”, reveló uno de los investigadores consultados, quien prefirió no revelar su identidad.
Los trabajadores que se entrevistaron coincidieron que desde que el instituto científico pasó a formar parte del Ministerio de Agricultura, la visión no era la misma. Aunque el INIA fue creado para investigar la cartera agrícola del país, tenía otra misión para la institución: la de producir más alimentos.
“Ellos (El Ministerio de Agricultura) tienen una visión de producción diferente a nosotros. Básicamente, nos exigieron que usáramos nuestros terrenos, aquellos que usamos para la investigación, experimentación y ensayos, para producir también alimentos con el fin de entregarlos al Estado. Esos campos no son usados para el consumo, sino para comprobar cuál es el estado de nuestras siembras. Nos cambiaron esa visión y dijeron que el INIA tiene que producir. Nos inventaron una serie de unidades de producción social. Al final eso desapareció porque, creo, que no las podían mantener” explica Fanny Requena, investigadora jubilada de la institución y representante sindical.
A la falta de personal también se le suma la del abandono gubernamental. En muchas de sus sedes la institución ha sido blanco de la delincuencia. Según datos publicados en Crónica.Uno, en febrero de 2022: “Desde 2015, el hampa ha desmantelado los 20 laboratorios en los que se generaba el conocimiento y capacidad científica para sustentar la agricultura y el desarrollo de tecnología para la soberanía agroalimentaria del país”.
“La institución está sufriendo una crisis tremenda con las instalaciones, con los robos y con los desvalijamientos. Por la pandemia ha habido poca presencia y son áreas que están realmente críticas. Es una lucha que hemos venido haciendo tratando de que las autoridades del INIA retomen en eso”, enfatizó Requena.
Salarios bajos y sin formación
Alberto Castañeda tiene 30 años de edad y es ingeniero agrónomo de la Universidad de los Andes (ULA). El tachirense emigró a Estados Unidos en el año 2012 para buscar un mejor futuro, ya que en Venezuela no ganaría suficiente dinero ejerciendo su profesión.
En la universidad, Castañeda conoció las labores del INIA, algunos de sus profesores trabajaban en el instituto de investigación y en las clases ya comentaban sobre el deterioro del INIA, el lugar donde muchos de sus compañeros querían trabajar al terminar su formación académica.
Pero Castañeda prefirió emigrar antes de ejercer en el instituto científico, porque los sueldos para ese entonces no se ajustaban a la realidad económica del joven.
Datos filtrados a Efecto Cocuyo revelan que en el INIA el personal con el más alto escalafón en diciembre de 2021 ganaba 134 bolívares, que equivalen a 29 dólares mensuales. Estos 29 dólares se clasifican en sueldo base, que serían 5,43 dólares al mes, la prima de profesionalización que equivale a USD 3,26. También les pagan un bono de “estabilidad” económica por 2,72 dólares, una prima de antigüedad por USD 3,26, un bono complementario por 0,46 dólares y un bono de “eficiencia máxima” de 3,14 dólares estadounidenses.
Para los nuevos investigadores que ingresan al INIA los salarios son más bajos. Un personal de Investigación (PI) gana 10, 58 bolívares, que equivalen a 2,3 dólares al mes.
“Es una miseria, uno está haciendo este trabajo es por amor propio, porque ese dinero no alcanza para comprar absolutamente nada, ni siquiera para pagar un pasaje o la gasolina”, comenta un trabajador de la institución que prefiere que su nombre no se revele.
Los propios investigadores del INIA sabían a qué problemas se iba a enfrentar la institución cuando empezaron las renuncias y las jubilaciones. Las nuevas generaciones del personal calificado pendían de un hilo por la falta de inversión y la migración forzada.
Fue por eso que algunos de los investigadores de la institución alertaron sobre las consecuencias que traería la falta de inversión en la educación especializada del personal, que ingresaría al instituto científico.
Una alta exigencia que se perdió
Hace 25 años al INIA no se podía ingresar solo con una licenciatura. Julia Montero* recuerda que cuando comenzó a trabajar en la institución llegó con una maestría y tras un proceso de entrenamiento, y observación estricta, logró conseguir su cargo.
La mayoría de los profesionales de investigación que trabajan en el INIA son ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, zootecnistas, biólogos, tecnólogos de alimentos y bioanalistas.
“Entras por un año en entrenamiento y tras pasar ese periodo, luego de una evaluación, te daban el cargo. Tomabas responsabilidades con proyectos y a medida que demostrabas que podías manejarlos te daban la coordinación de las actividades; esas eran generaciones de investigadores”, explica Montero.
La investigadora, que ha trabajado por más de dos décadas estudiando y creando las variedades de arroz, destaca que antes del declive del INIA, cada 10 años ingresaban nuevos investigadores para relevar a los científicos que por su antigüedad pasaban a jubilación.
Desde 2005, cuando se anunció el plan nacional de semillas, no entra personal con estudios de cuarto nivel al instituto y, los que entraron en esa oportunidad, eran ingenieros sin maestrías o especialidades. Estos profesionales ingresaron a la institución para trabajar en el área de multiplicación de semillas porque la prioridad era atacar la escasez de alimentos que comenzaba a generarse en el país.
Los investigadores alertaron acerca de las consecuencias a largo plazo sobre la falta de formación de personal con estudios especializados en la materia. Sin embargo, fueron ignorados por las autoridades ministeriales.
Debido a la negación del despacho de Agricultura, las y los investigadores del INIA idearon un plan para formar, por sus propios medios, a los ingenieros sin especialización que estaban ingresando, debido a que el personal calificado temía que las décadas de investigación se perdieran ante la ausencia de personal de relevo.
Este plan consistía en adiestrar, a través de talleres a los ingenieros que acaban de ingresar al INIA, pero una vez más, el Ministerio de Agricultura se interpuso y los investigadores no pudieron instruir a los nuevos ingresos.
“Yo decía que esos muchachos (ingenieros agrónomos) tenían que tener contacto con nosotros para que aprendieran, porque a ellos los contrataron para asesorar a los productores (del campo), pero sin tener contacto con los investigadores. Lo que ellos hacían en el campo era la imagen de nuestra institución, sobre todo si lo hacían mal. Nosotros estábamos más interesados en que ellos aprendieran, pero nunca los dejaron”, explica Montero.
La especialista detalló que tras la negativa del Ministerio, los investigadores insistieron en dictar un curso intensivo pero, nuevamente, la cartera agrícola les negó la autorización a los ingenieros. En 2007, luego de largas reuniones, lograron un acuerdo para la capacitación del personal nuevo, pero una semana después de iniciar los talleres, las autoridades cancelaron las clases, porque los llevarían al estado Miranda, para una inducción con fines políticos.
“Lo único que tenían que darle era el permiso para que ellos hicieran el curso porque la logística estaba cubierta por nosotros”, lamenta.
En 2022, Montero saldrá jubilada del INIA y, en el laboratorio donde trabaja, no hay quien la pueda sustituir; aunque hay algunos ingenieros en el área, no están capacitados para seguir con sus investigaciones, porque no tienen los estudios necesarios.
Instalaciones desmanteladas
El proyecto de investigación que llevaba Montero era de animales, donde se atendía las especies ovinas, caprinas y de aves, pero tras el abandono de las instalaciones situadas en el estado Aragua, delincuentes de la zona se robaron los animales con los que la investigadora realizaba sus experimentos.
“Allí no queda nadie que me sustituya y los que estaban se fueron del país. El laboratorio todavía funciona, existe, pero está con muchos problemas, le robaron los cables no tienen luz (…) no hay nadie que pueda en este momento llevar un proyecto porque lo que quedaron no están formados, no tienen experiencia sobre recuperar un país y afrontar una crisis agroalimentaria, como la que tenemos, se necesita y eso es lamentable”, dice.
Los investigadores del INIA trabajaban junto a los productores y campesinos e intercambiaban conocimientos. Los profesionales realizaban desde los laboratorios de la institución los análisis del suelo, de los alimentos, de plagas, insectos, virus y de sanidad vegetal.
Hay enfermedades que pueden afectar a los cultivos o animales y las detectaban o trataban los investigadores de la institución, que eran los únicos capacitados para hacer los diagnósticos.
Uno de los laboratorios que queda en funcionamiento no cuenta con el apoyo económico que se requiere para llevar a cabo los estudios. La especialista señala que actualmente hay una alerta de peste porcina y por eso han pedido que se reactive el centro pero, hasta el momento, no han tenido respuestas de las autoridades.
La consecuencia de ignorar al sector científico
Una de las principales consecuencias de no atender al sector científico que trabaja en el campo ha sido la utilización de semillas no aptas para algunos campos venezolanos. Muchos productores del campo en el país han traído semillas “piratas” de otras regiones del mundo para poder seguir trabajando sus tierras, pero la falta de certificación, por parte de los investigadores, hacen que estas semillas puedan traer malezas u otras afectaciones que terminan dañando los cultivos.
Una fuente especializada en el tratamiento de semillas de arroz, consultada por Efecto Cocuyo, quien pidió reservar su identidad, asegura que utilizar semillas piratas trajo más problemas de malezas, que se expande “bárbaramente” en los campos de la región.
Explica que hace dos años muchos productores compraron semillas de arroz, traídas desde Colombia, pero, tras ser sembrada, no se comportó bien. “Cómo se va a comportar bien si lo que estás utilizando no son semillas de buena calidad, sino piratas”, explica la fuente.
Para finales de 2021, la situación se acentuó por las restricciones a las que son sometidos los productores para poder conseguir las semillas de diferentes rubros. Los trabajadores del campo, muchas veces, prefieren usar semillas piratas para abaratar los costos de producción.
“Las instituciones certificadas para vender semillas muchas veces han tenido semillas para vender y no hay demanda porque los productores no compran las semillas certificadas para no gastar tanto dinero”, explica la fuente.
La falta de respuesta por parte del Estado venezolano a los investigadores, así como ausencia de presupuestos sustanciosos, genera consecuencias en las investigaciones para crear nuevas variantes de arroz, por ejemplo.
“Para crear una nueva variedad de semillas de arroz se necesitan años de estudios y supervisión y si los laboratorios caen en manos equivocadas esas investigaciones podrían desaparecer. Una nueva variedad de arroz puede durar hasta 10 años en salir al mercado. Nosotros llegamos a tener para el año 1980 el 60% del área sembrada de arroz con semillas certificadas, eso era la envidia de muchos países de aquí de la región”, explica la fuente.
Caída de la producción
Celso Fantiel, vicepresidente de Fedeagro, señala que en Venezuela en el año 2010, los productores llegaron a cultivar en el área de maíz al menos 700 mil hectáreas, solo en el estado Portuguesa se cultivaron 260 mil hectáreas de ese rubro.
Las cifras de la organización señalan que solo en el año 2021, en todo país se cultivaron 200 mil hectáreas en el área de maíz y en el estado Portuguesa el cultivo llegó a 90 mil hectáreas de ese rubro.
“Por cada 2.000 hectáreas se contrataba un ingeniero agrónomo, un técnico superior de producción agrícola. Teníamos un técnico de campo, un asesor de campo sencillamente le tocaba precisamente asistir a los productores en esa área y bueno esa disminución del área significa también disminución de los profesionales, Venezuela en las últimas décadas se vino a pique”, explica Fantiel.
Además señala que después de la expropiación de la empresa Agroisleña, muchos de los laboratorios que asistían a los productores decidieron irse del país por temor que el Gobierno los fuera a expropiar.
El vicepresidente de Fedeagro dice que después de la expropiación de Agroisleña comenzó la escasez de insumos agrícolas y la banca empezó a tener problemas de financiamiento a los productores por la desconfianza que generaba el mercado.
Merma en la producción
El productor añade que actualmente se produce entre el 25 y el 30% de lo que se producía en el país hace más de 10 años.
“Eso significa de que todos esos profesionales que estaban ubicados y que eran demandados para para poder atender las áreas de siembra sencillamente no están y como el resultado de eso muchos han tenido que salir del país”, recalca.
Fantiel, quien también es director de finanzas de la Asociación de Productores Agrícolas Independientes del país, explica que actualmente gracias a la acción de la empresa privada han aparecido nuevos laboratorios para que la comunidad científica siga haciendo el trabajo que venían realizando en instituciones como el INIA.
Estos nuevos laboratorios ofrecen productos de calidad y garantías de éxitos y han hecho que haya una recuperación pequeña pero importante en el campo venezolano.
Fantiel indica que el año pasado se sembraron unas 150.000 hectáreas en Venezuela. En la asociación a la que pertenece lograron sembrar entre tres mil y 15 mil hectáreas.
“Pero en el interín hubo cuatro profesionales que sencillamente perdimos, sencillamente se fueron a buscar otro horizonte”, específica.