La aprobación por la Asamblea Nacional de 2020 de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la Patria enciende las alertas dentro y fuera del país.
A las reacciones de constitucionalistas y activistas de derechos humanos, se suma la de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero.
La relatora, a través de un mensaje en la red social X, expresó su preocupación por la Ley Simón Bolívar, la cual cree puede ser utilizada para perseguir a la ciudadanía y activistas.
La Ley fue sancionada este jueves y consta de 23 artículos que castigan de manera severa por “traidores a la patria” a quienes soliciten a gobiernos o agentes extranjeros sanciones internacionales contra el gobierno de Nicolás Maduro.
También para quienes se consideren, apoyen dichas medidas o las promuevan de alguna manera.
Establece cárcel de 25 a 30 años; inhabilitaciones políticas hasta 60 años y juicios en ausencia.
Además, “castigo” para los medios de comunicación que difundan mensajes «de apoyo» a sanciones.
La amenaza del artículo 23
Gina Romero advierte, en un post publicado este sábado, que “el artículo 23 podría ser utilizado para perseguir a la sociedad civil y activistas”.
“El artículo crea un registro con carácter nacional para identificar a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se sospecha “estar incursa en acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado, e impone medias económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo” para mitigar el “perjuicio que sus acciones producen contra la República Bolivariana de Venezuela y su población”, cita Romero en X.
La relatora subraya que “este tipo de legislaciones vagas y ambiguas hacen que la discrecionalidad en su aplicación se vuelva una herramienta de control al disenso y de persecución y violencia contra personas defensoras de derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil”.