El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó el pasado 21 de julio un informe que revela la crítica situación del sistema penitenciario en el país. Este documento expone una serie de problemáticas persistentes, que destacan el un aumento significativo en las muertes de reclusos, al compararlo con el año 2023, el hacinamiento extremo y el deterioro de la infraestructura carcelaria.
También destaca el retardo procesal, así como las condiciones inhumanas y la tortura que son prácticas recurrentes en los centros de reclusión. Además, se denuncia el acceso restringido a servicios básicos como agua y alimentos, y la continuidad del control por parte de los «pranes», a pesar de los anuncios oficiales sobre su eliminación.
En Efecto Cocuyo hemos sintetizado la información más relevante de este informe para ofrecerle 10 claves que revelan los datos más importantes sobre la compleja crisis que atraviesa el sistema penitenciario del país. A continuación, te presentamos un resumen de los hallazgos más destacados.
1) Aumento de las muertes en cárceles y calabozos
Durante el año 2024, el OVP registró un total de 145 muertes en los centros de reclusión de Venezuela, divididos entre 105 fallecimientos en cárceles y 40 en calabozos policiales. La causa principal de estos decesos fue la deficiente atención médica y las precarias condiciones de salud, con 66 muertes en cárceles (el 62,86% del total) y 23 en calabozos policiales. Este patrón de muertes relacionadas con la salud es una constante desde 2017, fecha desde la que se acumulan 560 decesos por esta causa en las cárceles hasta 2024.
El año pasado la ONG reportó que en el país los decesos en los recintos penitenciarios fueron 61 y en los calabozos policiales 25.
Las enfermedades respiratorias como la tuberculosis y las gastrointestinales son las principales causas de muerte por salud en las cárceles. La organización reitera que la falta de atención médica oportuna persiste como un problema crítico.
2) Hacinamiento y deterioro de la infraestructura
El OVP sostiene que el sistema penitenciario continúa en una crisis estructural, con un hacinamiento que alcanzó un 145,85% en 2024, lo que se considera un «riesgo crítico» según los estándares internacionales.
La organización advirtió que esta situación se agrava por el cierre progresivo de centros carcelarios y la ausencia de soluciones efectivas por parte del sistema judicial y denunciaron que en algunos centros, el hacinamiento supera el 200%, con reclusos que cuentan con menos de un metro cuadrado para moverse, sentarse o dormir.
La capacidad instalada del sistema penitenciario es de 26.238 plazas, pero la capacidad real operativa se reduce a 15.096, lo que implica un desaprovechamiento de 11.142 plazas, según denunció la ONG.
El informe sostiene que durante 2024, 18 centros fueron desalojados o clausurados sin información clara sobre su reacondicionamiento. Señala que la infraestructura existente presenta techos colapsados, baños inoperativos, filtraciones severas y sistemas eléctricos obsoletos.
3) Reaparición de prisiones cerradas y ahora convertidas en cárceles para presos políticos
La organización recalcó que en 2024 se realizó la reapertura de cárceles previamente clausuradas, como el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito), centros que históricamente están asociados con graves violaciones de derechos humanos, que se reactivaron sin evidencia de mejoras estructurales con el objetivo de albergar a personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales, incluyendo opositores políticos.
El Internado Judicial Capital El Rodeo I, desalojado en 2018, también fue reabierto y se considera el «nuevo centro de tortura» de Venezuela, según se lee en el informe.
Se menciona que a pesar de que en 2023 el gobierno anunció el cierre de siete centros penitenciarios, incluida la «Operación Gran Cacique Guaicaipuro» para eliminar los «pranatos», en 2024, la organización pudo documentar que las estructuras de poder de los pranes continúan operando, ya que la captura de 17 pranes en el Complejo Penitenciario de Oriente (El Dorado) y 76 supuestos cabecillas en el Centro para Procesados «26 de Julio» contradice el discurso oficial de erradicación.
4) El continuo retardo procesal
Por octavo año consecutivo, el OVP denncia que se mantiene la «inversión de la pirámide procesal» en Venezuela, lo que significa que hay más personas privadas de libertad sin sentencia firme que personas condenadas. En 2024, la ONG registró 12.110 personas procesadas frente a 9.909 condenadas.
El informe habla de esta situación como una de las principales quejas de la población reclusa. El principal motivo que los lleva a realizar huelgas de hambre para exigir la libertad inmediata, la validación de las redenciones de pena y la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de la condena. El documento subraya que, a un año de la huelga nacional, las promesas del Ministerio Penitenciario no se han cumplido, y el descontento por la demora en los procesos judiciales persiste.
5) Torturas en prisión
Las condiciones de reclusión en el país, según la documentación realizada por la organización por años, son calificadas como no compatibles con los estándares mínimos de derechos humanos para las personas privadas de libertad.
El OVP dijo que las celdas están sobrepobladas, sin ventilación ni luz natural, y el acceso a insumos básicos como colchonetas, ropa y productos de higiene dependen en gran medida del apoyo familiar y también han documentado sanciones colectivas, encierros prolongados y la negación de visitas o comunicación como castigo.
Las denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes son reiteradas, incluyendo golpizas, exposición prolongada al sol, restricciones severas de agua y alimentos, desnudez forzada y aislamiento prolongado.
La organización reportó la existencia de «tigritos» o celdas de castigo sin ventilación, iluminación y con temperaturas extremadamente bajas, donde los reclusos son desnudados y aislados por lapsos de hasta 15 días.
6) Poca agua y alimentos
El OVP reseñó que el agua potable en las prisiones es severamente limitada e irregular. Esto obliga a los reclusos a almacenar agua en envases plásticos en condiciones insalubres. La distribución del agua en las cárceles y calabozos policiales es insuficiente para las necesidades básicas, y los familiares deben costear camiones cisterna para el suministro. En algunos centros, el agua no es apta para el consumo humano y solo se permite el acceso de este servicio dos veces al día.
La alimentación es «gravemente deficiente» en cantidad, calidad y frecuencia”. Según el OVP, aunque se registran tres comidas diarias en algunos lugares, la dieta es pobre en calorías, nutrientes y proteínas.
“El acceso a la comida a menudo está condicionado al pago en dólares, y las autoridades han restringido deliberadamente la distribución de alimentos como castigo colectivo”, expresa el informe.
7) Violencia, corrupción y pranatos
La ausencia de una política integral de seguridad penitenciaria ha facilitado la violencia, extorsión, tratos crueles y fugas. La organización asegura que el ingreso de armas, drogas y objetos prohibidos es frecuente debido a la complicidad o negligencia de los funcionarios y que se han reportado casos donde directores y custodios han sido detenidos por corrupción tras incautaciones de objetos ilícitos en requisas.
La crisis carcelaria también ha propiciado el control de los «pranes» en muchos calabozos policiales, donde se exige el pago de «causas» (tarifas) por servicios básicos como un espacio para dormir.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mostró como ejemplo el calabozo policial de San Félix, Bolívar, donde un pran ejerce control sobre unos 800 reclusos, a quienes impone tarifas por comida, espacio y visitas.
8) Mujeres y personas Lgbtiq, los más vulnerables
Las mujeres privadas de libertad enfrentan una doble vulnerabilidad, ya que sus necesidades específicas de género no son atendidas. El Internado Nacional de Orientación Femenina (Inof), que es la única cárcel exclusiva para mujeres, presenta un grave hacinamiento. Alberga al 28% de la población penal femenina.
El OVP reportó la presencia de 23 niños en condiciones inadecuadas en el espacio para madres lactantes del Inof.
Con respecto a la población Lgbtiq+ privada de libertad, continúa enfrentándose a formas diferenciadas de violencia, discriminación y estigmatización, con casos de violencia sexual, explotación y aislamiento forzoso.
La organización detalló que no existen políticas públicas con enfoque interseccional ni registros oficiales sobre identidad de género y orientación sexual, lo que contribuye a su invisibilización. También especificaron que el acceso a tratamientos hormonales, atención a infecciones de transmisión sexual y servicios psicosociales especializados es limitado.
9) Represión poselectoral y detenciones arbitrarias
En el informe también abordaron la represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en la que se registraron más de 2.000 detenciones poselectorales, con casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de activistas, líderes sociales, periodistas y manifestantes.
Precisan que estas detenciones se produjeron sin respeto al debido proceso, y los detenidos fueron sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, a menudo en cárceles alejadas de su lugar de residencia.
Se documentó un patrón de represión que incluyó privaciones de libertad sin orden judicial y desapariciones forzadas.
10) Lucha de los familiares
El informe del OVP resalta que los familiares de las personas privadas de libertad, especialmente los de presos políticos, se han convertido en «víctimas paralelas» de un sistema penitenciario indiferente. Estos familiares enfrentan intimidación, amenazas para no hablar con la prensa o denunciar, y deben asumir la carga económica de proveer alimentos y medicinas.
Destaca que las mujeres visitantes son sometidas a requisas humillantes que incluyen desnudez forzada y tocamientos indebidos. A pesar de la valentía y perseverancia de los familiares en denunciar y exigir justicia, el Estado venezolano continúa incumpliendo sistemáticamente las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2006.
Nueve centros penitenciarios cuentan con estas medidas, pero las condiciones de hacinamiento, el control de los «pranes», la alimentación deficiente, la falta de atención sanitaria y las prácticas de tortura persisten y se agravan.