Cuarentena y detenciones. Durante el primer mes de cuarentena por el COVID-19 en el país, al menos 14 trabajadores de la prensa han sido detenidos en Venezuela.
Así lo documentó el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys-Venezuela), en su monitoreo de detenciones arbitrarias en el territorio nacional.
Las detenciones se dieron por la cobertura de periodistas y demás trabajadores de la prensa a noticias relacionadas con la pandemia por el nuevo coronavirus.
De ese total, destacan nueve periodistas y dos familiares de comunicadores sociales, a quienes cuerpos de seguridad del Estado detuvieron por horas, días e incluso llevaron a la cárcel por más de una semana como fue el caso de Darvinson Rojas.
El registro de Ipys-Venezuela refleja en orden cronológico las siguientes detenciones:
En marzo
16/03/2020. Detención de equipo de Crónica Uno por Policaracas. Afectadas: Ariadna García (periodista), Tairy Gamboa (fotógrafa), Yonathan Torres y Yorvin González (choferes). Lapso: 15 minutos. Lugar: Caracas
16/03/2020. Detención de Kerlin Mosquera, periodista del Bloque de Armas. Funcionarios actuantes: PNB, GNB y Faes. Lapso: 40 minutos. Le rompieron su carnet. Lugar: Caracas.
21/03/2020. Apresan a Darvinson Rojas en su residencia en Caracas. Funcionarios: Faes. Lapso de detención: 13 días. Sus papás fueron detenidos durante una hora. Le imputaron instigación pública.
24/03/2020. Rosalí Hernández (periodista) de Caraota Digital es detenida. Funcionarios: Faes. Lapso: 40 minutos.
24/03/2020. Beatriz Rodríguez, directora de La Verdad de Vargas es detenida por Policía regional. Duración: 30 minutos. Un día después la interrogaron en Fiscalía.
26/03/2020. Alexander Zerlín. Locutor. Lo detuvieron en el estado Cojedes. Funcionarios: GNB. Lapso: dos horas.
En abril
07/04/2020. Equipo de La Prensa del Táchira. Afectados: Mayerlin Villanueva (periodista), Luis Cobaria (reportero gráfico) y Rafael Pérez (chofer). Funcionarios: GNB. Tiempo: 4 horas.
14/04/2020. Arnaldo Sumoza, periodista y director del canal 15 de El Sombrero, en Guárico. Detención: GNB. Lapso: Permanece detenido.
15/05/2020. Eduardo Galindo Peña es detenido en San Fernando de Apure. Funcionarios: Conas. Lapso: Sigue detenido.
Activistas de DDHH, dirigentes sindicales y bionalistas
Pero las detenciones no han sido solo a periodistas o trabajadores de la prensa. En la lista se incluyen también dirigentes sindicales, una bionalista en Trujillo y un abogado de una ONG en Lara que se dedica a la defensa de los derechos humanos.
A los siguientes los imputaron:
Julio César Molinos, dirigente sindical jubilado del sector salud y miembro de Voluntad Popular. Le dictaron arresto domiciliario. Delitos imputados: incitación al pánico y a la zozobra, agavillamiento e incitación al odio. Fecha: 19/03/2020.
Henderson Maldonado, abogado de la ONG Movimiento Vinotinto en Lara. 24 horas preso. Imputado por resistencia a la autoridad e instigación pública a la violencia. Fecha: 31/03/2020.
Andrea Sayago, bionalista de un hospital en Trujillo. Detenida durante 48 horas. Le dictaron arresto domiciliario. La acusan de: uso indebido de información privilegiada a cargo de Funcionario público. Está en arresto domiciliario. Fecha: 04/04/2020.
Luis Serrano, de la ONG Redes Ayuda. Detenido cuando llegaba a su vivienda con insumos de protección que la organización dona a periodistas. Fue detenido una hora. Fecha: 06/04/2020.
Garante de la información
Ipys- Venezuela recuerda que expertos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) publicaron una comunicación conjunta que exige a los gobiernos “promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia”.
Pero en Venezuela esto es letra muerta, como lo reflejan las detenciones ocurridas en un mes de estado de alarma nacional y cuarentena, que afectaron a 13 trabajadores de la prensa.
“En apego al ordenamiento jurídico interno y a las declaraciones de los expertos en libertad de expresión recuerda al Estado venezolano que debe ser garante del acceso a la información aún en estado de excepción, entendiéndolo como el derecho para recibir, acceder y buscar información que sea de interés para la ciudadanía y creando en la población un criterio más cimentando para la toma de decisiones”, dijo Ipys.