Gobiernos de toda América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos firmando el Acuerdo de Escazú durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de septiembre.
Así lo afirmó, este lunes 17 de septiembre, la Coalición Clima21 en una carta conjunta firmada por más de dos centenares de ONG y entregada a los jefes de Estado de los 33 países de la región.
Alejandro Álvarez, coordinador de la red venezolana Coalición Clima21, explicó que el Acuerdo de Escazú es un instrumento sumamente importante para toda la región y especialmente para las organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos ambientales ya que le da un piso legal internacional a las exigencias de acceso a estos derechos como elemento fundamental de una democracia ambiental.
En la carta abierta, las ONG hacen un llamado a los gobiernos para que firmen el acuerdo y a continuación adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países.
Ha sido firmada por más de 200 organizaciones nacionales, regionales e internacionales que trabajan por toda América Latina y el Caribe en áreas como derechos humanos, medio ambiente o desarrollo y democracia, entre ellas Amnistía Internacional, Greenpeace y Human Rights Watch, así como lo apoyaron diversas organizaciones ambientales y de defensa de los derechos humanos.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Aprobado el 4 de marzo en San José (Costa Rica) por representantes de 24 países, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en la región que establece protecciones sobre los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en asuntos medioambientales, y el primero en proclamar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente.
En el caso particular de Venezuela, aunque el Estado venezolano hasta ahora no se ha hecho parte en este Acuerdo, las organizaciones de la sociedad civil debemos promover que el gobierno nacional comprenda la importancia del mismo y las organizaciones de la sociedad civil promovamos su ratificación lo antes posible, recalcó Alejandro Álvarez.
Los 33 Estados de Latinoamérica y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar el acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York a partir del 27 de septiembre de 2018. Para que entre en vigor, al menos 11 países deberán firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020.
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