Amnistía Internacional denunció un «pico de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro«, en lo que va de 2024 en Venezuela.
La directora para las Américas de la ONG, Ana Piquer, mostró su preocupación por «una escalada en la política de represión» por parte del chavismo en el poder.
«Las autoridades venezolanas, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial, han puesto en la mira de sus ataques a personas defensoras de derechos humanos, como Rocío San Miguel, a organizaciones de la sociedad civil, como ONG y personal humanitario, y a activistas de la oposición política», afirmó en un pronunciamiento público que dieron a conocer este lunes 15 de abril.
Van 9 presos por difundir mensajes en redes sociales
Desde que comenzó el año al menos 9 personas han sido detenidas en Venezuela por compartir mensajes en redes sociales o sus estados en aplicaciones de mensajería de Whatsapp.
La justicia calificó como instigación al odio muchos de estos mensajes y en el caso más grave de ellos, a un político de Monagas, Whillfer Piña Azuaje,lo acusaron de magnicidio en grado de tentativa, por un mensaje en el que expresó, el 11 de marzo, que «En Maturín Maduro encontrará la muerte.
Entre esos presos hay un youtuber, abogados y un ingeniero que grabó en Margarita, estado Nueva Esparta, al político colombo-venezolano Alex Saab, que después subió a redes sociales y criticó su presencia en la isla.
A la par, ocho dirigentes de Vente Venezuela, seis de ellos aún encarcelados, tienen procesos judiciales abiertos. Mientras que otros seis tienen órdenes de captura por parte del Ministerio Público. Este último grupo, entre quienes están la jefa de campaña de María Corina Machado, Magallí Meda, tienen asilo político de Argentina y desde hace varias semanas se encuentran en la residencia del embajador de ese país en Caracas.
Para Piquer este tipo de casos en Venezuela «no son hechos nuevos ni aislados, sino parte de una política de Estado contra cualquiera que pueda ser considerado una amenaza al poder del actual gobierno y su continuidad. Estos hechos podrían sumarse a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.”
Detención de Carlos Julio Rojas
La más reciente detención es la del periodista, gremialista y dirigente vecinal Carlos Julio Rojas, a quien el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, implicó este 16 de abril en un supuesto intento de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro.
En una exposición pública aseguró que lo imputarán por los delitos de «asociación, terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa». Además, dijo que estaba «prófugo de la justicia» desde 2017, pese a que Rojas desde entonces hacía activismo y denuncias por las fallas de los servicios públicos en la zona norte de Caracas.
“La situación en Venezuela, y en especial en este período electoral, deben tener la máxima atención internacional para que los mecanismos represivos del gobierno de Nicolás Maduro no limiten los derechos de las personas a participar en los asuntos públicos», pidió Amnistía Internacional.