La organización Amnistía Internacional exigió este martes, 12 de agosto, la liberación de Martha Lía Grajales, tras calificar su detención como «injusta».
A la activista de derechos humanos y miembro del colectivo Surgentes la arrestaron el 8 de agosto después de participar en una manifestación en Caracas a las afueras del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Junto a organizaciones y defensores de DDHH solicitó la intervención de la instancia ante los ataques de los que ella y mujeres del Comité de Mujeres en Defensa de la Verdad sufrieron el 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El grupo realizaba una vigilia para llamar la atención de los magistrados del Poder Judicial ante la detención de sus hijos y demás familiares después de las protestas poselectorales de 2024. A las 10:00 de la noche, cuando se retiraron los funcionarios policiales del lugar, un grupo de hombres armados y con capuchas llegó al sitio. Golpearon a las mujeres, les robaron pertenencias personales como documentos de identidad y teléfonos, mientras que las obligaron a irse del lugar.
Estos hechos los denunció Grajales un día después y ante la ONU el pasado viernes. Este día la subieron a una camioneta gris sin placas sin presentar una orden de arresto y la mantuvieron en desaparición forzada hasta que este 12 de agosto pudo comunicarse con su esposo, Antonio González, a quien le dijo que la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), la única cárcel de mujeres en Miranda, donde la recluyeron tras imputarla el lunes por los supuestos delitos de incitación al odio, asociación para delinquir y conspiración con gobierno extranjero.
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Amnistía Internacional rechaza cargos contra Grajales
Amnistía dijo este martes que «estamos consternados por la detención arbitraria de la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales y el hecho de que su paradero y destino se mantuvieran ocultos desde el 8 hasta el 11 de agosto, lo que constituye una desaparición forzada de corta duración».
La ONG internacional afirmó que los cargos en su contra «carecen de sustento y credibilidad». Para la organización «se trata de delitos comúnmente empleados para perseguir y castigar cualquier forma de disidencia, real o percibida. La detención arbitraria y desaparición forzada de Martha Grajales se produjo en medio de una represión inexcusable del derecho a la protesta pacífica ejercido por las madres de las personas detenidas y los activistas que las apoyan», añadieron.
También recordaron otros defensores por quienes siempre abogan, entre ellos a Javier Tarazona, preso desde julio de 2022; Rocío San Miguel, a quien detuvieron en febrero de 2024; Carlos Julio Rojas, apresado en abril de 2024, Keneddy Tejeda, preso desde agosto de 2024 y Eduardo Torres, el más reciente -antes que Grajales- de los apresados, el pasado 9 de mayo de 2025.
Expresan preocupación por Carlos Julio Rojas
Expresaron su preocupación por Rojas, a quien no le permiten comunicación con su familia desde el 30 de julio pasado.
«La situación actual de Carlos Julio Rojas es especialmente preocupante. Desde el 30 de julio, su familia dejó de tener contacto con él, negándoles llamadas telefónicas, visitas e incluso la entrega de alimentos y medicamentos que no son proporcionados por las autoridades de El Helicoide, el centro de detención donde se encuentra recluido», aseguró Amnistía Internacional.
Añadieron que «exigimos la liberación inmediata e incondicional de Martha Lía Grajales, Eduardo Torres, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, así como la de todos los detenidos arbitrariamente en Venezuela. También exigimos que se revele de inmediato la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas forzosamente, así como la protección de sus derechos a la vida, la integridad física y a un juicio justo».
Recordaron que la situación de los derechos humanos en Venezuela es seguida de cerca por la Corte Penal Internacional, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, y advirtieron que «las autoridades venezolanas que cometen crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos deben recordar que están siendo monitoreadas y examinadas por mecanismos internacionales de justicia y rendición de cuentas».