La situación de los pueblos indígenas en el país se encuentra en un estado crítico según el último informe titulado “Venezuela: Pueblos y liderazgos indígenas en grave riesgo”, qu publicó Provea en colaboración con la ONG Wayamoutheri y la coalición Odevida.
En el documento que se a dio conocer el pasado 21 de junio, la organización señala que la ausencia de políticas públicas efectivas, la expansión de actividades extractivas como la minería ilegal y la inacción de funcionarios del Estado frente a grupos armados que operan en los territorios indígenas agravan las condiciones de vida de pueblos originarios como los Yanomami, Ye’kwana, Pemón y Warao, entre otras etnias.
El documento que abarca el período de septiembre de 2024 a marzo de 2025, sistematiza las múltiples violaciones de derechos que enfrentan estas comunidades, desde la crisis sanitaria hasta la persecución de sus líderes y la devastación de sus territorios.
En Efecto Cocuyo resumimos cinco claves del informee para comprender las principales problemáticas que afectan la vida y el desarrollo de los pueblos indígenas.
1. Mortalidad por enfermedades prevenibles
La salud de los pueblos indígenas en el país enfrenta una situación alarmante debido al colapso del sistema público de atención médica. La organización señala que comunidades como las Yanomami en el Alto Orinoco, en el estado Bolívar, y Parima, en Amazonas, han reportado un aumento exponencial de malaria y tuberculosis, con índices de morbilidad y mortalidad elevados.
Mientras que en estados como Delta Amacuro se han registrado brotes de VIH, tuberculosis y una enfermedad no identificada que causó muertes de menores de edad en noviembre del año pasado.
“Por ejemplo, a fines de 2024, las comunidades Yanomami del Alto Orinoco y Parima reportaron numerosos casos de malaria y tuberculosis, con índices de morbilidad y mortalidad bastante altos. Mientras tanto en este período continúan serios problemas de funcionamiento, la mayoría de los ambulatorios no están funcionando, no hay médicos ni dotación de medicinas”, se lee en el documento.
El informe señala que la contaminación de ríos por mercurio, derivada de la minería ilegal, afecta los recursos hídricos y los peces, principales fuentes de alimento de las comunidades indígenas exacerbando así los problemas de salud.
2. Ataques a defensores indígenas
El documento también menciona la grave situación que enfrentan los defensores indígenas, conocidos como guardianes del territorio, quienes frecuentemente son agredidos por proteger sus comunidades y tierras.
En septiembre de 2024, Joaquín Hernández, un guardián Ye’kwana de la comunidad de Tencua, fue asesinado en el Alto Ventuari por oponerse a la minería ilegal.
“A comienzos de septiembre de 2024 también fue asesinado por mineros no identificados, otro guardián territorial indígena Ye’kwana de la comunidad de Tencua, en el estado Amazonas. El joven Joaquín Hernández fue asesinado en las cabeceras del Ventuari por su oposición a la actividad minera en condiciones bastante extrañas”, se lee en el informe.
Las comunidades indígenas han reportado en múltiples oportunidades amenazas por parte de mineros y grupos armados y a pesar de las denuncias estas no tienen avances significativos en relación a investigaciones penales.
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3. Minería ilegal
La minería ilegal, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, ha generado graves impactos ambientales y sociales en territorios indígenas desde su creación en 2016.
En el estado Bolívar, sectores como Cuyuní, Alto Paragua y el Parque Nacional Canaima están invadidos por mafias mineras que contaminan ríos con mercurio. En Amazonas, la cuenca del río Sipapo y el río Cunucunuma enfrentan deforestación y contaminación por actividades extractivas.
“Señalan que la presencia de balsas y dragas mineras socavan el lecho del río, generando mayor sedimentación y contaminación del río por mercurio. De igual manera indican que se produce la contaminación de peces que luego son consumidos por la población local, produciendo serios problemas de salud”, denuncia.
El informe asegura que la omisión de los agentes de seguridad del Estado en controlar estas actividades ilegales permite la proliferación de estos grupos ilegales que afectan la biodiversidad, la salud y generando desplazamientos forzados de comunidades indígenas.
4. Paralización en la delimitación de territorios indígenas
A pesar de los derechos territoriales que tienen las comunidades ancestrales en nuestro país, que todos están reconocidos en la Constitución de 1999, solo el 12% de las tierras indígenas han sido demarcadas, por lo que el 88% continúan sin titulación formal.
El informe agrega que desde el año 2016 el proceso está paralizado y se incumplió el mandato constitucional que exigía completar la demarcación en dos años.
“Sin embargo, aun cuando no hay información pública sistematizada y publicada sobre el total de demarcaciones realizadas, hay algunos indicadores que permiten inferir que solo se ha realizado aproximadamente el 12% de las demarcaciones de tierras indígenas, quedando pendiente un 88% de las tierras sin demarcación formal”, dice el documento.
5. Desintegración de las comunidades por ocupaciones externas
La presencia de actores externos como mineros ilegales, grupos armados y contrabandistas, ha fragmentado las comunidades indígenas, lo que trae consigo conflictos internos y pérdida de identidad cultural, afirma Provea.
El documento expone que en el Alto Ventuari, en el estado Amazonas, las comunidades Ye’kwana y Sanemá han enfrentado violencia por permitir la entrada de mineros, mientras que en el estado Zulia, el pueblo Barí reporta ocupaciones de sus tierras por desplazados provenientes de Colombia.
“En términos socio antropológicos y culturales se están produciendo procesos de desintegración comunitaria y organizativa con consecuencias impredecibles. Se trata de cambios en los modos de vida tradicional que no garantizan la subsistencia de estos pueblos hacia el futuro”.
En Venezuela, los defensores de los pueblos indígenas enfrentan restricciones de movilidad impuestas por grupos armados que controlan los territorios. En el Alto Ventuari, las agresiones incluyeron la quema de viviendas y embarcaciones en febrero de 2025, según el informe.
La minería ilegal ha generado desplazamientos masivos, con al menos 6.000 indígenas migrando a Colombia en los últimos cinco años, según el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2024.
Lea aquí el informe completo.