Los waraos de Sakoinoko, Mukoboina y Yorinanoko, en lo profundo de Delta Amacuro y al oriente venezolano, aún no saben qué fue lo que causó la muerte de 13 de sus niños, entre el 4 y el 18 de abril. El asunto llegó hasta el Foro Permanente Sobre Cuestiones Indígenas de la ONU el lunes 22 de abril, pero a la fecha las familias no han recibido respuestas ni de entes internacionales ni del gobierno de Nicolás Maduro.
El motivo de los decesos sigue siendo un misterio.
Es la tragedia, el desplazamiento y la pobreza lo que ha rodeado a los indígenas del Delta desde hace años que, consternados, han visto a sus ríos contaminarse y sus principales actividades económicas interrumpidas por la minería ilegal y los cambios en el ecosistema. En 2024 no cuentan con servicios médicos de calidad, acceso a una alimentación adecuada, un buen sistema educativo o atención estatal eficiente.
«La comunidad carece de todo. No hay nada. De la agricultura y la pesca no hay fuente de trabajo. Somos una comunidad vulnerable, abandonada, no tenemos ningún beneficio», dijo a Efecto Cocuyo una vecina que pidió resguardar su identidad, residente del sector de Nabasanuka, municipio Antonio Díaz, al que pertenecían todos los niños.
La muerte de los jóvenes waraos ha devuelto a la palestra la grave situación en la que permanecen las tribus indígenas en Venezuela. La gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, informó el 20 de abril que las muestras tomadas por el personal médico tras los decesos dieron negativo a «tuberculosis, chikungunya, dengue, paludismo, meningitis, neumococo».
Agregó que los especialistas continúan trabajando y que ninguna otra persona había fallecido hasta ese sábado. No obstante, las comunidades se mantienen preocupadas e incluso la zona educativa suspendió las clases a partir del 11 de abril a través de un comunicado.
Qué pasó entre el 4 y el 18 de abril
El estado Delta Amacuro está al extremo oriente de Venezuela y en sus 40.200 kilómetros de extensión hay al menos 200 mil personas. Es una de las entidades menos pobladas del país y desde hace casi seis años la gente allí escapa del hambre y la falta de servicios públicos en botes o lanchas precarias.
No hay registros oficiales de cuántos waraos habitan la entidad para abril de 2024, pero en 2011 había poco más de 48 mil en todo el país según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Estos hombres, mujeres y niños viven anclados a sus costumbres milenarias, a sus leyendas sobre el río Orinoco que se extiende, poderoso, hasta desembocar en el Atlántico. Este pueblo ha existido en el Delta por unos 9 mil años, criando a sus hijos y cuidando a sus ancianos en un territorio lleno de ciénagas, pantanos y flores.
Hoy son indígenas pobres que subsisten ignorados por el gobierno venezolano. Entre el 4 y el 18 de abril se registró la muerte consecutiva de 13 niños que antes de fallecer presentaron los mismos síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza y garganta, convulsiones y dificultad para respirar.
El 12 de abril la comunidad de waraos de Nabasuka envió un vídeo a los Misioneros de la Consolata América en el que mostraban las tumbas de algunos pequeños. El 14 de abril el padre Andrés García publicó que todos habían dejado de respirar en un lapso de 72 horas tras enfermarse y cuestionó si existían otras urgencias sanitarias por encima de esta en el Delta.
Si bien los reportes establecen 13 fallecimientos, Radio Fe y Alegría Noticias publicó el 26 de abril que desde la selva llegaba información no oficial de las presuntas muertes de otros tres menores ocurridas el 17 de abril.
La residente de Nabasanuka, que pidió resguardar su nombre, dijo a Efecto Cocuyo que el número real de fallecidos superó los 13, la cifra oficial que se maneja hasta ahora. Aseguró que para el 18 de abril se contabilizaban 15 decesos en Sakoinoko y Mukoboina. Ese mismo día un barco hospital llegó a Nabasanuka para atender la situación.
«El video movió a todos. La gobernadora, el alcalde, todos estuvieron presente claro llevando comida, materiales para el trabajo, juguetes, cuadernos, uniformes. Pero la verdad es que aquí hay carencia de todo, no hay ni siquiera ambulatorio con condiciones», dijo la vecina anónima.
Al 26 de abril ni la gobernadora Hernández ni otras autoridades dentro de la entidad habían aclarado si hubo un aumento de muertes durante la última semana.
Un problema sanitario grave
El defensor de derechos humanos Olnar Ortiz, abogado y coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal, fue quien presentó ante la ONU el caso de los niños waraos de Delta Amacuro el 22 de abril.
«La situación sanitaria de los waraos ha sido una situación que data de muchos años, no es reciente. De hecho, antes de que empezara la migración de las comunidades indígenas a territorio brasileño y colombiano, los waraos ya se estaban desplazando», dijo Ortiz a Efecto Cocuyo en contacto telefónico, el 26 de abril.
La vida de estas comunidades transcurre en zonas pantanosas, rodeadas de fluviales envenenados con el mercurio de las actividades mineras y de bosques devastados por la deforestación. Wataniba (Grupo de trabajo socioambiental de la Amazonía), advirtió en 2022 que en Delta Amacuro confluyen y desembocan los residuos provenientes de las actividades industriales que tienen lugar en toda la cuenca del río Orinoco, lo que lo convierte en un sumidero de desechos de buena parte del país.
Defensores a nivel nacional han insistido en que el problema de la contaminación del Delta no es una prioridad en la agenda política y que a los indígenas venezolanos se les viola el derecho a la salud, consagrado en el artículo 83 de la Constitución. Los waraos carecen de servicios que puedan ayudarlos a detener la propagación de enfermedades y para obtener tratamiento a veces deben trasladarse en curiara, varias horas, hasta Tucupita, la capital del estado.
En agosto de 2021 cerca de 29 comunidades waraos del Delta medio y bajo denunciaron que algunas personas presentaban diarrea, vómitos y fiebre producto del agua estancada por la crecida del río Orinoco. Pedían auxilio, puesto que no tenían recursos ni medicinas para atender a los enfermos.
En julio de 2023, el Observatorio de Derechos Humanos de FundaRedes denunció que en la entidad se registraban al menos a 50 indígenas enfermos de la comunidad de Güires, debido al «consumo de agua contaminada por la falta de potabilización».
En diciembre de 2023, la ONG Kapé Kapé publicó los resultados de un estudio realizado en comunidades del Delta, en el que 55 % de los encuestados aseguró que el problema más común allí son las enfermedades que afectan el estómago. Sin embargo, también hay una alta prevalencia de afecciones de la piel, tuberculosis e infecciones respiratorias.
«Hay varios casos de violaciones de derechos en Delta Amacuro que hemos denunciado y que hasta la fecha no han sido resueltos. Y todo esto en el contexto de crisis humanitaria, en este caso de salud pública y alimenticia. Su situación alimentaria está muy precaria, todo lo da el Estado e incluso ha habido manifestaciones en varias oportunidades que han sido reprimidas en ocasiones por la policía y la guardia nacional», explicó Ortiz.
Sin agua potable, sin condiciones
La falta de acceso al agua potable en el Delta no data de este siglo y no se debe solo a la contaminación.
En realidad, es un problema cuyos inicios se remontan a 1965, con el cierre del caño Mánamo, cuyo curso natural fue intervenido por la Corporación Venezolana de Guayana con la construcción de un dique-carretera de 500 metros de extensión, lo que los investigadores y antropólogos Álvaro García Castro y Heinz Dieter Heinen definirían como desastre ecológico en 1999.
El curso del caño formaba parte del Delta del Orinoco y es de hecho receptor de otros importantes ríos del oriente del país, como el Tigre y Urecoa.
Tras la construcción del dique, los indígenas se vieron privados del agua que habían tenido a su alcance por miles de años y comenzaron a desplazarse debido a que la pesca y agricultura se vieron «gravemente afectadas por las consecuencias del aumento en la salinidad de las aguas y la acidificación de los suelos», explicaron García Castro y Dieter Heinen en su investigación publicada por el departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en 1999.
«Todas estas comunidades están cerca del mar. Al Orinoco le entra agua salada y no puede tomarse y ellos deben bajar a otras comunidades para poder obtener agua dulce. Aparte de ello, toda la situación que ellos han vivido desde que se hizo ese muro, que lo que hizo fue que la parte alimentaria del pueblo empeorara ya que todos los caños empezaron a contaminarse», dijo Ortiz.
El estudio más reciente de Kapé Kapé indica que entre la opciones más comunes para el abastecimiento de agua en las comunidades waraos están el suministro por acueducto (40 %), pila de agua (30 %) y la recolección del río (25 %).
Finalmente, el panorama para los waraos respecto a derechos básicos como acceso al agua, alimentación y salud es cada vez más grave. Ortiz aseguró que en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU se mostraron «muy receptivos respecto a la situación».
Actualmente, la comunidades esperan soluciones a corto plazo que ayuden a aliviar los principales problemas y a prevenir otras muertes. El Ministerio para los Pueblos Indígenas aún no se ha ocupado de los reclamos de la etnia en Delta Amacuro, que exige ser escuchada con urgencia.