La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó que el fiscal del organismo, Karim Khan, debe recusarse de la investigación contra Venezuela por «conflicto de intereses», una decisión que se hizo pública en las últimas horas.

«Habiendo establecido que existen motivos para creer que existe una causa de recusación del Fiscal, la Sala de Apelaciones determina que el Fiscal tiene la obligación, de conformidad con la regla 35 de las Reglas, de solicitar su excusa en la situación de Venezuela«, señala una de las conclusiones de la Sala.

Además, le da un plazo de tres semanas para que cumpla con esta obligación.

«La Sala de Apelaciones instruye al Fiscal para que cumpla con dicha obligación en un plazo de tres semanas. La Sala de Apelaciones, sin dejar de conocer el asunto, se reserva el derecho de recurrir a otras vías legales, incluyendo la recusación del Fiscal en la situación en cuestión, si las circunstancias así lo exigen.

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Por qué Khan tiene un conflicto de intereses

Al fiscal lo recusó la Fundación Arcadia, tras determinar que por tener una relación familiar con uno de los abogados defensores de la gestión de Nicolás Maduro, a la que la CPI investiga por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, hay un conflicto de intereses.

Se trata de la abogada Venkateswari Alagendra, quien es cuñada de Khan y ha ejercido la representación legal de Maduro ante la propia CPI.

La investigación contra Miraflores comenzó en el año 2018 cuando se introdujeron las denuncias por la represión de las protestas antigubernamentales de 2014. Desde entonces, el proceso ha seguido su curso. Con la llegada de Khan a la Fiscalía de la CPI, el británico decidió que el proceso avanzara de la etapa preliminar a la de investigación.

En una de sus visitas a Venezuela lo informó en una alocución oficial al lado del líder chavista Nicolás Maduro, con el que la Fiscalía firmó un memorando de entendimiento.

Incluso hay representantes del organismo en el país, lo que ayudó a que volviera parcialmente una mínima representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH a finales del año pasado, después de que en febrero de 2024, Maduro ordenó su expulsión de Caracas tras cuestionar la detención de la defensora de DDHH y abogada Rocío San Miguel, quien tiene más de un año en prisión.