El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, se pronunció este jueves para rechazar la agresión de la que fueron víctimas representantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad el pasado 5 de agosto cuando realizaban una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
En una nota de prensa de la institución, se cita a Ruiz con una «condena enérgica» a los «actos de violencia ocurridos la noche del 5 de agosto frente al Tribunal Supremo de Justicia».
Destaca la agresión que sufrieron las mujeres, la gran mayoría de quienes pernoctaban frente al TSJ para exigir la revisión de los casos de los presos políticos de las protestas poselectorales de 2024.
Ruiz emplazó a las víctimas, un grupo de entre 50 a 60 mujeres, a elevar la denuncia ante el Ministerio Público «para recabar evidencias que coadyuven en las averiguaciones ante el ente responsable de investigar y ejercer las acciones penales correspondientes. Asimismo, luego de esclarecer los hechos identificar a los responsables de la agresión», dice la nota de la Defensoría.
ONG narró cómo fue la agresión en el TSJ
Martha Lía Grajales, de la organización de DDHH Surgentes, dijo en entrevista con Efecto Cocuyo este 7 de agosto, que en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no les recibieron la denuncia el día miércoles, mientras que en la Fiscalía les exigieron una serie de requisitos que hacían casi imposible registrar los ataques y robos de los que fueron víctimas por hombres armados y encapuchados que la noche del martes llegaron a la sede del Poder Judicial.
“Estuvimos frente a la máxima autoridad judicial del país, rogando por la libertad de nuestros hijos, hermanos, esposos, que llevan más de un año presos injustamente. Pero en lugar de justicia, nos respondieron con violencia, con miedo, con humillación”, destacó Grijales a este medio de comunicación.
Mientras que Ruiz afirmó que «todo hecho de violencia contra personas pone en riesgo la vida e integridad, por lo que hizo un llamado a la población a evitar este tipo de actos contraproducentes que acarrean daños personales acciones judiciales para quienes lo cometen».
Organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y partidos políticos condenaron los ataques a estas madres, en especial porque las revictimizan tras sufrir ante el encierro de sus hijos que se prolonga por un año en condiciones precarias dentro de las cárceles donde se encuentran.