Más de 72 horas han pasado desde que a la activista colombo-venezolana Martha Lía Grajales, integrante de la ONG SurGentes, la detuvieron el pasado 8 de agosto presuntos agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que la trasladaron a la sede de su División de Investigaciones Penales (DIP), en Maripérez, al centro norte de Caracas, para luego recluirla en la cárcel para mujeres del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques, capital del estado Miranda.
Hasta este lunes por la tarde se desconocía las causas y el lugar de su privación de libertad. El fiscal Tarek William Saab, en la cuenta en Instagram del Ministerio Público, señalaba que a Grajales la venían solicitando desde hace varios meses para imputarle los delitos de «incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación», algo que los integrantes de su ONG rechazan.
Medios identificados con el chavismo acusan además a la activista de ser una «infiltrada» dentro del movimiento popular de izquierda, que está bajo las órdenes de María Corina Machado y pagada por organizaciones de financiamiento dependientes del Departamento de Estado de los EE. UU., aún cuando tanto ella como su esposo han sido militantes del chavismo de base y tuvieron responsabilidades en algunos organismos dependientes del Gobierno.
«La detención Martha Lía Grajales se sustenta en un acta policial que interpreta una visita al sitio web de la ONG (www.surgentes.org.ve) como un supuesto plan para desestabilizar al Gobierno venezolano. El documento, fruto de un ‘ciberpatrullaje’ , señala que las reseñas de protestas por derechos en la página web son parte de una conspiración orquestada por ‘intereses foráneos’ ”, denuncia SurGentes en un comunicado que hizo llegar a la prensa.
Este grupo de activistas califica las imputaciones a Grajales como un «montaje» y que esos cargos criminalizan derechos constitucionales como la participación, asociación, manifestación y expresión.
«El proceso judicial contra Grajales acumula irregularidades: estuvo desaparecida por más de 60 horas, desde su detención el 8 de agosto hasta su presentación el 11 de agosto, en lo que configura una desaparición forzada. Además, se le negó un habeas corpus el 9 de agosto y la posibilidad de designar un abogado de confianza en su audiencia. Actualmente, permanece incomunicada», denuncian además.
Indica SurGentes que para la doctrina del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, estas violaciones confirman el carácter ilegal y arbitrario de su detención. SurGentes exige a las instituciones venezolanas cumplir con la Constitución y llama a la solidaridad por la libertad de Grajales y otros presos políticos.
Cómo fue la detención
El pasado viernes 8 de agosto, Grajales participaba en una concentración frente a la sede de Naciones Unidas en el municipio Chacao, en la que se brindaba apoyo al grupo de madres de presos políticos y otras personas que fueron agredidas unos días antes en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuando protestaban por la libertad de varios detenidos.
Según testigos, Grajales fue obligada a subir a una camioneta gris sin placas, sin que se presentara orden de detención alguna. Durante casi 72 horas, su paradero fue un misterio. Antonio González, su esposo, recorrió cinco centros de detención de la PNB en busca de respuestas, pero las autoridades negaron cualquier información.
“Era como si se la hubiera tragado la tierra”, relató. Esta situación, calificada por organizaciones como Provea como desaparición forzada, mantuvo en vilo a sus compañeros de lucha y seres queridos.
El 9 de agosto, activistas de SurGentes y Provea presentaron un recurso de habeas corpus ante los tribunales de Caracas, exigiendo claridad sobre el paradero y la situación de Grajales. La respuesta fue un portazo: el recurso fue rechazado sin mayores explicaciones, una práctica que, según defensores de derechos humanos, se ha vuelto recurrente en los últimos meses.
Patrones ya repetidos
El caso de Grajales no es aislado. Organizaciones como Amnistía Internacional y Madres de Plaza de Mayo, junto a más de 800 personas y colectivos, han alzado la voz para exigir su liberación inmediata, denunciando patrones de represión, ya vistos e intensificados tras las elecciones de julio de 2024:
Detenciones arbitrarias sin orden judicial: Las detenciones suelen ocurrir sin presentación de cargos claros o una orden de aprehensión formal, como en el caso de Grajales, interceptada en un retén improvisado.
Desaparición forzada inicial: Es frecuente que las autoridades no informen el paradero de los detenidos durante días, como ocurrió con Grajales, lo que genera incertidumbre en su entorno y violan el derecho a la información.
Negación de habeas corpus: Los tribunales frecuentemente rechazan recursos de habeas corpus, práctica recurrente desde hace al menos un año, según activistas, lo que impide garantizar los derechos de los detenidos.
Imputación de delitos ambiguos y políticos: cargos como “incitación al odio” o “conspiración” se utilizan ampliamente contra activistas y opositores, sin pruebas específicas, para justificar detenciones prolongadas.
Negación de derechos procesales: Se impide el acceso a abogados de confianza, imponiendo defensores públicos, y se restringe la comunicación con familiares.
Represión de protestas pacíficas: Las detenciones suelen estar vinculadas a actividades de protesta o denuncia, especialmente tras elecciones controvertidas, como las de julio de 2024, que dejaron miles de arrestos.
Violencia previa de grupos parapoliciales: Grajales y otras víctimas fueron agredidas por colectivos armados afines al gobierno antes de su detención, en un ciclo de “revictimización e impunidad”.
Falta de respuesta institucional: Organismos como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Interior no responden a las exigencias de información ni garantizan la integridad de los detenidos.
“Es un guion repetido: te detienen, te esconden, te acusan sin pruebas y te aíslan”, señaló Provea.
Su esposo Antonio González dijo este martes que pudo comunicarse con ella vía telefónica y le informó que la trasladaron al Inof tras pasar varios días en Maripérez. Envió un mensaje de fuerza y de mantener la lucha por la defensa de los derechos humanos y en especial a las integrantes del Comité de Madres en Defensa de la Verdad.