Ana, Karen, Yurimar, Ivonne, Lisbany, Mariana, Leydifel, Samaira, Laura, Yelut y Nohemí son 11 mujeres venezolanas que tienen algo en común: están presas por razones políticas.
Algunas de ellas tienen más tiempo en prisión que otras, pero sus vidas están marcadas por las torturas, encierros, violencia y el retardo procesal.
Efecto Cocuyo ha realizado una serie para conocer la situación de las presas políticas venezolanas, que suman 20. De este total, logramos reconstruir ocho casos a través de familiares, abogados defensores y Organizaciones No Gubernamentales de DD.HH en Venezuela.
En esta nueva entrega damos cuenta de las otras 11 venezolanas que están en prisión por ideas políticas contrarias al gobierno, y cuyos casos no pudieron ser reconstruidos por la barrera del temor a posibles represalias contra las presas, en opinión de algunos equipos de defensa.
Ana María Pernía
Ana María Pernía tiene 40 años de edad. Está recluida en unas de las celdas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) y fue acusada de los delitos terrorismo, traición a la patria y financiamiento al terrorismo.
Pernía fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 25 de abril de 2020, cuando se encontraba dentro del carro de la también presa política Marifrancys Marcano. Las dos se dirigían a la vivienda de Marcano, ubicada en el municipio Plaza del estado Miranda.
Fue desaparecida durante un mes y posteriormente se supo que la detención estaba relacionada presuntamente con el asalto al Destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Puerta Morocha de Los Teques, estado Miranda.
Pernía es madre y antes de ser detenida se dedicaba al comercio.
Las versiones del día de la aprehensión de Pernía no concuerdan. La defensa y organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la mujer fue detenida el 25 de abril, pero en una rueda de prensa Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Constituyente, aseguró que la mujer había sido detenida junto a un grupo de personas el 6 de mayo de 2020.
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Karen Hernández Rodríguez
Fue detenida el 16 de mayo de 2020 y vinculada a la operación Gedeón. Su audiencia preliminar se realizó en el Sebin y no se le permitió tener abogados privados.
Fue acusada por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir.
A Hernández la apresaron junto a Carla Da Silva Marrero, y ninguna admitió los delitos por los que se les acusa.
Yurimar Rangel
Yurimar Rengel fue detenida por funcionarios de la Dgcim en el año 2019, por ser sospechosa de un supuesto complot para detener a la gobernadora de Monagas en ese entonces, Yelitze Santaella, y tomar la 32° Brigada de Caribe, conocida como Fuerte Paramaconi.
Dos años después de un supuesto plan que nunca ocurrió fue presentada ante el Tribunal Tercero Militar del estado Monagas, donde se le dictó privativa de libertad por los delitos de rebelión y traición a la patria.
Rengel fue trasladada al Departamento de Procesados Militares (Deprocemil) de la cárcel de La Pica, en Maturín.
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Ivonne Coromoto Barrios Finol
A Ivonne Coromoto Barrios Finol la detuvieron el 12 de septiembre de 2020, cuando se encontraba en su residencia, ubicada en Los Puertos de Altagracia, estado Zulia.
Ivonne estaba con unos invitados a un almuerzo, cuando repentinamente ingresaron funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, que la apresaron junto a otras personas
A Ivonne se le vincula con el caso del “espía gringo”, un ciudadano norteamericano que requirió de un servicio de transporte que le prestó el esposo de Barrios Finol. Actualmente está recluida en la sede de la Dgcim. Ivonne es madre de un hijo que vive en el estado Zulia y a quien no ha vuelto a ver.
Lisbany Aguilar
Lisbany Aguilar es sargento segundo de la Armada Nacional Bolivariana. Al momento de su detención, el 14 de mayo de 2019, laboraba en la Dgcim. La apresaron sus colegas en Valencia, estado Carabobo. Bajo engaño la trasladaron a la sede principal del organismo militar en Caracas, para someterla a varios interrogatorios relacionados con el supuesto plan de fuga del general y exministro de Nicolás Maduro, Miguel Rodríguez Torres.
A Lisbany la llevaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina, donde fue brutalmente golpeada por las otras reclusas al ingresar.
Mariana Gil Moreno
Mariana Del Valle Moreno Gil, de 32 años de edad, es una primer teniente de la Aviación Militar Nacional Bolivariana. Se desempeñaba como miembro del grupo destacado encargado de custodiar un área de la Central Hidroeléctrica “Simón Bolívar” ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar.
Fue detenida junto con 13 compañeros de trabajo el 16 de abril de 2019, cuando un grupo mixto de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dgcim llegaron a la central. Indicaron que actuaban por órdenes de la vicepresidencia de la República.
Mariana fue presentada ante tribunales militares del estado Bolívar el 20 de abril de 2019 y quedó privada de libertad por la presunta comisión de los delitos de ultraje a las Fanb y desobediencia. A la militar la recluyeron en la sede de la Dgcim ubicada en Ciudad Bolívar.
Su caso lo vinculan con el gran apagón nacional ocurrido en marzo de 2019, producto de un presunto “ataque” a la central hidroeléctrica “Simón Bolívar”.
Leydifel Joseplin Bracho
Leydifel Joseplin Bracho, de 42 años de edad, es una abogada y técnico superior universitario en Ciencias Policiales. Fue detenida el 13 de agosto de 2020 cuando trabajaba como inspector jefe del Cicpc en el estado Falcón.
El 12 de agosto de 2020 asistió a una citación para rendir declaración en la sede de las Faes ubicada en Coro, occidente del país, sobre unos mensajes de textos que estarían circulando en grupos de WhatsApp.
Fue arrestada sin explicación y trasladada a la sede de la Dgcim en Caracas. El 15 agosto de 2020 fue llevada a cabo su audiencia de presentación ante el tribunal primero de terrorismo de Caracas. La acusaron de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y conspiración. Está presa en la Dgcim de Boleíta.
El Ministerio Público señala presuntamente a Leydifel Bracho como la articuladora de un grupo de funcionarios del Cicpc, que debían hacerse pasar como escoltas en todo el país portando armas que serían utilizadas por mercenarios para asesinar a Nicolás Maduro, bajo la orden de los opositores Leopoldo López y Juan Guaidó.
El 15 de agosto de 2021 fue trasladada a la sede del Cicpc en El Rosal. Sus familiares denuncian que Bracho presenta problemas de salud que deben ser atendidos tales como la hiperplasia endometrial, constantes derrames de sangre vaginal y anemia.
Samaira Romero Armario
Samaira Romero fue detenida el 10 de mayo de 2020 por presuntamente estar involucrada en la operación Gedeón.
Su juicio ha estado lleno de violaciones al debido proceso. La funcionaria fue acusada por los delitos de traición a la patria, rebelión y conspiración con gobierno extranjero y posteriormente llevada a una audiencia preliminar realizada en la sede del Sebin en la que no hubo abogados privados.
Romero, una sargento de la GNB, admitió los hechos y fue condenada a 24 años de prisión.
Laura Lara Sosa
Laura Lara Sosa fue detenida por funcionarios del Sebin y recluida en la sede de El Helicoide durante un año y 2 meses, para luego ser trasladada al Inof, donde permanece presa.
La imputación se dio tras presuntamente vender en dólares las ampollas Remdesivir, utilizadas para tratar el COVID19. La imputaron por contrabando de extracción, terrorismo y asociación.
Era la dueña del vehículo en el que se trasladó Antonio Amell Castillo a entregar unas medicinas, un médico acusado de sustraer las ampollas.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos la cataloga como una presa política. La médica sigue detenida en el Inof y su audiencia ha sido diferida más de 11 veces.
Yelut Naspe Inistra
Fue detenida el 16 de diciembre de 2015 por presuntamente estar incursa en el ataque contra la Policía del estado Aragua en agosto de ese año, según la Fiscalía. Delincuentes lanzaron una granada hacia el módulo policial de la comunidad de San Vicente, Maracay, donde falleció un joven oficial. Sin embargo, la misma policía indicó que fue un ataque parte de una banda delincuencial.
Sólo bastó que se publicara un audio del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el que se vinculaba a Yelut Naspe con el suceso, para ser detenida y sometida a un injusto proceso penal, a pesar de que la víctima residía y estaba en Caracas para el momento del hecho ocurrido a más de 100 kilómetros de distancia.
Antes de ser detenida Yelut Naspe era comerciante, específicamente en ventas de servicios funerarios, también era activista del partido opositor Primero Justicia. Yelut es una de las mujeres presas políticas más antigua y quizás más olvidada.
La Fiscalía asegura que Yelut Naspe organizó el ataque contra la Policía del Estado Aragua.
Nohemí Pabón
Nohemí Pabón fue privada de libertad por razones políticas desde el 11 de septiembre de 2015, es una estudiante de administración de empresas. Nohemí lleva 6 años detenida sin juicio ni condena y está recluida en El Helicoide.
Efecto Cocuyo trató de contactar, a través de las defensas, a los familiares de estas mujeres presas políticas, pero allegados a las familias informaron que no querían acceder a las entrevistas. En algunos casos las defensas recomendaron a los familiares no dar entrevistas a la prensa.