Desde que comenzó su gestión en 2024, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, apunta por segunda vez su discurso hacia los maestros jubilados. Al principio de este año escolar, ya finalizado, el funcionario de Nicolás Maduro propuso que esos trabajadores en retiro se reincorporaran a las aulas para llenar el vacío que dejaron en la educación pública muchos docentes que decidieron abandonar las aulas bien porque migraron o porque ya no podían más con los bajos salarios.

Recientemente, durante un Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, que se realizó el viernes 11 de julio, Rodríguez, pidió reflexionar sobre la edad de jubilación de los maestros; pues considera que el retiro de un educador del aula debe ser una opción y no una necesidad.

«La edad de una maestra, de un maestro cuando se jubila, es la de mayor capacidad, de madurez, es precisamente cuando se puede dar más, pero el agotamiento que genera la dinámica de trabajo hace que se quieran jubilar y no saber más de aulas de clases; y eso hay que revertirlo», dijo.

En Venezuela, la carrera docente establece por ley que las mujeres pueden jubilarse a los 55 años, mientras que los hombres lo hacen a los 60; ambos con un mínimo de 750 semanas cotizadas en el Ivss. También existe la opción de jubilarse con 20 años de servicio y 60 años de edad, o con 25 años de servicio, sin importar la edad.

¿Reflexionar o seguir ignorando la realidad?

La organización Gremio Docente, que agrupa a profesores y maestros de todo el país, manifestó en un comunicado que, aunque el planteamiento del ministro puede sonar razonable, pues permitiría que los maestros decidan voluntariamente cuándo retirarse, evitando que lo hagan por agotamiento; la realidad es otra y hace que la propuesta se traduzca en imposible.

«Esta propuesta, en el contexto actual venezolano, no es más que una manera de disfrazar con buenas intenciones la profunda crisis del sistema educativo y la desidia institucional hacia quienes sostienen con las uñas las aulas del país», indica la agrupación gremial.

Aseguran estos docentes que pareciera que Rodríguez pretende alargar el tiempo de vida activa de los trabajadores de la educación y extender de forma encubierta el tiempo de servicio más allá de los 25 años requeridos por ley para la jubilación.

«¿De qué retiro voluntario habla el Ministro, cuando la mayoría de los educadores se ven obligados a trabajar hasta el límite de su salud física y mental, no por vocación, sino por necesidad?», añaden.

Aseguran que los sueldos bajos, la inseguridad laboral, la falta de acceso a servicios de salud, la inexistencia de beneficios dignos y la desprotección social convierten cada día de trabajo de los docentes en una carrera de supervivencia.

«Rodríguez habla de revalorizar la profesión docente, pero el respeto no se mide en discursos sino en acciones. ¿Cómo se pretende ‘reorganizar los tiempos escolares’ o ‘evaluar cuántos especialistas se requieren’, si no se garantiza ni siquiera lo mínimo necesario para que un maestro pueda alimentar a su familia?», zanjaron.

Una burla

La docente y activista gremial Gricelda Sánchez afirmó que antes de querer resolver lo que para el Ministerio es un problema, Héctor Rodríguez debe resolver muchos problemas que padecen los docentes del sector público, entre ellos, el primordial, sus bajos sueldos.

Sánchez, presidenta de la organización Fordisi (Formación para la Dirigencia Sindical), aseveró que «la educación no puede seguir esperando a que se resuelva la crisis política».

La sindicalista subrayó que actualmente hay más de 40.000 profesores que no han recibido su bono vacacional y a muchos de ellos se les suspendió el sueldo de manera arbitraria, por lo que considera que es una burla que se pretenda que los docentes atrasen su retiro para seguir ganando salarios de hambre.

«Es una burla. A docentes enfermos se les suspende el salario, incluyendo el llamado bono de guerra, dejando a estos profesionales en una situación de extrema vulnerabilidad», añadió.

En sus declaraciones, insistió en que el derecho a la educación debe ser prioritario y no un rehén de las disputas políticas.

Ley Orgánica de Educación: