Después de que José Pérez Venta soltara toda la supuesta información que conocía sobre la oposición, en una celda del Sebin donde permanece detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de Liana Hergueta, el Ministerio Público solo ha iniciado un proceso judicial por el delito de sicariato contra la mujer que fue desmembrada y no por las denuncias que surgieron en los videos transmitidos por el canal del Estado, VTV. En éstos Pérez Venta habló de las protestas de 2014, afirmó que recibía financiamiento de líderes opositores y aseguró que había un plan para matar a la hija de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.
“Pérez Venta metió en su paquete a Betty Grossi, que es mi defendida y está imputada por terrorismo, después de lo que dijo este muchacho. Alejandro Zerpa, otro de los que él nombró, también tiene el mismo delito, mientras que Dany Abreu y Andrea González están imputados por financiamiento. ¿Cómo se puede mantener una acusación de terrorista sin tener un terrorista?“, se pregunta el abogado Joel García. Explica que la única forma es que el Ministerio Público logre probar que el resto de los imputados financia a una organización terrorista “con nombre y apellido”.
Los fiscales 63° nacional y 36º del Área Metropolitana de Caracas, Jimmy Goite y Liduska Aguilera, respectivamente, acusaron a Pérez Venta y a Samuel Angulo Sánchez, otro implicado, por ser presuntos coautores en los delitos de sicariato y robo agravado. Carlos Trejo, el otro compañero del presunto crimen que además confesaron y cuyas declaraciones también fueron difundidas en televisión nacional, fue acusado en grado de determinador; es decir, como autor intelectual. A los tres se les acusó por asociación para delinquir. Los delitos asociados a temas políticos quedaron en el aire.
García no ha podido ver a Grossi, quien permanece en la sede del Sebin. “No me han permitido el acceso, solo la he visto dos veces cuando la han trasladado a tribunales. Su familia tampoco la ha podido visitar porque la tienen en aislamiento celular, para que se deprima y se quiebre”. La mujer fue detenida el 17 de agosto y presentada el 28 de ese mes, mucho después de que vencieran las 48 horas reglamentarias para las audiencias de presentación, indica el defensor. “Cuando la detuvieron fue objeto de una desaparición forzada. Lo denunciamos debidamente y no lo admitieron, más bien fabricaron una orden de aprehensión para decir que se la llevaron el 26 de agosto, dos días antes de que la presentaran y eso es falso. Aquí hemos tenido infinitas irregularidades, además de toda la locura que le imputan. Ha sido todo tan terrible que cuando llegó al Sebin estuvo cuatro días menstruando y no le dieron toallas sanitarias, ni siquiera la dejaron bañarse sino hasta el quinto día”.
El abogado indica que hasta el 18 de octubre no se sabrá que pasará con el resto de los implicados por Pérez Venta en el caso, pues para esa fecha está prevista la sesión de la conclusión de la investigación, que es la primera fase del proceso. “Ahí veremos si los van a acusar y de ser así, conoceremos bajo cuáles fundamentos”, señaló.