El esposo de la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales, Antonio González, denunció que la presentaron en tribunales este lunes 11 de agosto desde que la detuvieron el pasado viernes en Caracas, a su salida de una manifestación en la sede del Sistema de Naciones Unidas.
«No tuvo posibilidad de nombrar a un abogado de confianza pese a que ella lo solicitó. Le impusieron defensor público. Exijo la comunicación con mi esposa, es una práctica del Estado venezolano mantener a las personas en un régimen de incomunicación posterior a la detención», dijo González en un video que compartió la organización no gubernamental Provea.
Aseguró, a su salida del Palacio de Justicia de Caracas, que pudo hablar con el defensor público que le impuso el Estado, quien les informó -como horas antes anunció el Ministerio Público- que la imputaron por la presunta comisión de los delitos de incitación al odio, asociación para delinquir y cooperación con gobierno extranjero.
Además, su presentación ante tribunales fue vía telemática y la mantienen presa en la sede de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Maripérez, lugar al que González acudió hasta en cuatro oportunidades desde el pasado viernes 8 de agosto cuando la arrestaron, pero en las cuatro ocasiones le negaron que la mantuvieran en ese lugar.
A Grajales la agredieron en el TSJ
Grajales, como su esposo, es miembro del colectivo de derechos humanos Surgentes. Fue una de las mujeres que agredieron el 5 de agosto durante una vigilia que realizaba el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, conformado por madres de presos políticos, a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ella intentó introducir la denuncia de los ataques y robos de los que fueron víctimas, pero denunció que tanto en la Fiscalía como en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) les pusieron trabas para recibir el trámite.
Aunque el Ministerio Público afirmó que se le respetan sus derechos, al impedir la designación de un abogado de confianza e impedirle la comunicación con sus familiares se viola el artículo 49 de la Constitución venezolana vigente de 1999, donde se consagran estos derechos a todas las personas a las que apresa el Estado.
Grajales se une a defensores de DDHH presos, una lista en la que se encuentran desde hace más de un año Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Keneddy Tejeda, entre otros como Nélida González, de la ONG Súmate.
El Alto Comisionado de la ONU para DDHH, Volker Türk, se sumó este 11 de agosto a numerosos defensores en el mundo que desde que arrestaron a la activista piden su liberación inmediata, el respeto a sus derechos e integridad física.