Familiares de presos políticos que se encuentran en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, protestaron este miércoles 18 de diciembre frente a la Fiscalía de Parque Carabobo (Caracas), donde expresaron su preocupación por la falta de atención médica para los reclusos.
Una de ellas dijo en declaraciones a los medios que desde el mes de abril no les permiten llamadas ni escribir cartas a los presos políticos. Desde el jueves pasado se registró una protesta en la que estas personas gritaron justicia y libertad.
Lo mismo ocurrió el día viernes 13 de diciembre; al día siguiente le correspondía la visita a un grupo de ellos, pero sólo les recibieron la paquetería a algunos de ellos; es decir, artículos de higiene personal. El domingo 15 de diciembre las mismas familias regresaron a El Rodeo y también acudieron a las que tenían visita el domingo.
Sin embargo, según el testimonio de la familiar, no hubo respuesta de las autoridades que no recibieron paquetería ni ofrecieron información.
«No salió ninguna autoridad de El Rodeo para darnos una explicación porque todavía era domingo y nuestros familiares seguían gritando justicia y libertad y se sumó la palabra asesinos. Esa palabra nos da mucha preocupación porque venimos haciendo una denuncia desde el mes de abril que a nuestros familiares no les permiten las llamadas ni las cartas. Tenemos muchas personas allí con condiciones delicadas que no han sido atendidas por especialistas en cada caso», contó en un video que publicó la ONG Provea.
Qué pasa con los presos políticos venezolanos
En el último mes tres presos políticos han muerto en dos cárceles venezolanas. El primero fue Jesús Manuel Martínez Medina, quien murió en un quirófano de un hospital en Anzoátegui donde lo operaban para amputarle las piernas. Era una persona diabética a la que se le necrosaron las piernas por las condiciones de reclusión en la que estuvo en un calabozo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de esa entidad oriental.
Después de su muerte, el gobierno inició una ronda de excarcelaciones que según cifras oficiales fue de 225 personas, aunque ONG defensoras de privados de libertad por razones políticas no han podido documentar todas esas liberaciones, en especial por las amenazas del gobierno a las familias de presos políticos.
El jueves pasado, en la cárcel de Tocuyito, murió Jesús Álvarez, un preso político al que detuvieron junto a su esposa en el estado Bolívar el 2 de agosto. Mientras que el lunes, el Observatorio Venezolano de Prisiones informó del deceso de Osgual González, un preso político del estado Lara que murió en circunstancias que aún no aclara ninguna institución del Estado.
Su hijo, Oswald González, también estaba preso en ese internado judicial y lo excarcelaron después de la muerte de su padre.