El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció su decisión de retirarse de la investigación Venezuela I, que indaga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país durante la gestión de Nicolás Maduro.
La decisión la adoptó después de que la Sala de Apelaciones de la Corte le dio un plazo de tres semanas para que tomara esta decisión al fallar que tenía un conflicto de intereses en el caso, tras la designación por parte de Miraflores de una abogada que es cuñada de Khan, Venkateswari Alagendra.
En su argumento aceptó el fallo, pero también cuestionó a la Sala de Apelaciones al citar casos de otros miembros, en gestiones anteriores, de la misma CPI que han actuado en diversas investigaciones y ello no ha representado conflicto de intereses.
«El fiscal respeta la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones como la existencia de motivos para creer que existe una causal de recusación del fiscal. Por consiguiente, en pleno cumplimiento de la Decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, y antes del vencimiento del plazo allí estipulado, el Fiscal solicita respetuosamente a la Presidencia que lo excuse de la situación de Venezuela I«, dijo Khan sobre la recusación.
En la CPI cursa una investigación contra Venezuela, que comenzó en 2018, pero que bajo la llegada del británico pasó de ser preliminar a una formal, un anuncio que hizo desde Venezuela en noviembre de 2021 acompañado de Maduro durante la firma de un memorando de entendimiento entre la CPI y Miraflores.
Desde entonces el proceso se ha intentado frenar desde el chavismo con alegatos que en cada momento ha desechado la Sala de Apelaciones de la CPI.
Por qué recusaron a Khan
Este proceso en contra del fiscal de la CPI lo inició la Fundación Arcadia, que dirige el activista Robert Carmona-Borjas. Esta organización denunció a Khan ante la CPI por conflicto de interés en el caso Venezuela I, que investiga en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano desde al menos 2014 en el marco de la represión a la disidencia y a las protestas.
Desde que hubo un intento de recusación previo, Khan destacó en su escrito que continuó investigando sin que ello significara intentos de frenar el proceso.
Aclara que desde el 16 de mayo pasado se retiró de la investigación de forma voluntaria, tras iniciarse esta segunda recusación, «por lo tanto, el fiscal simplemente no estaba en posición de tomar ninguna otra medida o demostrar mayor vigilancia después del 16 de mayo de 2025», mencionó.
Por qué la CPI investiga a Venezuela
La investigación Venezuela I comenzó en 2018 para analizar, de forma preliminar, la represión contra las protestas antigubernamentales desde abril de 2017, específicamente por el uso excesivo de la fuerza en el contexto de manifestaciones, detenciones arbitrarias y tortura por parte de miembros del Estado venezolano.
Ese mismo año, la Fiscalía de la CPI recibió la remisión de seis estados que son parte de la Corte: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, para iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
Dos años después, en diciembre de 2020, la Fiscalía manifestó que la información disponible brinda bases razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Estos incluyen crímenes como persecución política, encarcelamiento u otra privación severa de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y partidarios del gobierno.