Lo que comenzó como un acto pacífico de resistencia terminó, el pasado 5 de agosto, en una noche de terror para un grupo de 60 personas, entre familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
La Organización de Derechos Humanos Urgentes (Surgentes), liderada por Martha Lía Grajales, se congregó allí para exigir respuestas sobre la paralización de los procesos de liberación de cientos de jóvenes detenidos durante las protestas postelectorales de julio de 2024. Sin embargo, su reclamo fue silenciado por una brutal agresión perpetrada por un grupo de motorizados armados, presuntamente ligados a colectivos progubernamentales.
“Estuvimos frente a la máxima autoridad judicial del país, rogando por la libertad de nuestros hijos, hermanos, esposos, que llevan más de un año presos injustamente. Pero en lugar de justicia, nos respondieron con violencia, con miedo, con humillación,” declaró Grajales en entrevista telefónica con Efecto Cocuyo.
Cómo fueron los hechos
La vigilia, que buscaba una audiencia con la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Elsa Janeth Gómez Moreno, se tornó en caos cerca de las 10 de la noche del martes, cuando unos 50 motorizados encapuchados irrumpieron en el lugar. Según Grajales, los agresores portaban armas de fuego, atacaron físicamente a los presentes y profirieron insultos y amenazas.
“Nos atacaron como si fuéramos delincuentes, mientras protegíamos a dos niñas pequeñas y a una madre con su bebé en brazos. Nos robaron todo: nuestras cédulas, nuestros teléfonos, nuestra dignidad. Y, aun así, no nos rendiremos”, contó la activista.
“Fue una noche de terror. Intentaron arrebatarle su bebé a una madre; tuvimos que forcejear para proteger a las niñas. Nos corretearon hasta la avenida Urdaneta, como si fuéramos presas en nuestra propia ciudad,” relató.
El saldo de la agresión fue devastador: pertenencias robadas, personas golpeadas y un grupo dispersado en la noche, buscando refugio. La respuesta de las autoridades al día siguiente fue igualmente desoladora. En el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), solo se aceptaron cuatro denuncias por robo de cédulas, y se desestimaron las agresiones físicas.
En la Fiscalía, los requisitos burocráticos —como presentar facturas de los teléfonos robados— bloquearon las denuncias, mientras que la Defensoría del Pueblo se lavó las manos, argumentando que los atacantes eran “actores privados no estatales”, agregó Grajales.
“Es una burla tras otra,” exclamó Grajales. “Nos dicen que no pueden hacer nada, que los colectivos no son su responsabilidad. Pero, ¿quién protege a las madres que luchan por sus hijos? ¿Quién responde por este dolor que llevamos cargando más de un año? Nos quieren callar, pero nuestras voces son lo único que nos queda”, señala.
Sin respuestas por los presos políticos
La organización denunció que los procesos de liberación de los detenidos, que suman cerca de 2.000 casos, según el Ministerio Público, están estancados desde marzo. De estas solicitudes, solo 1.796 han sido revisadas por el Poder Judicial, dejando a cientos de familias en un limbo de incertidumbre.
“No pedimos favores, pedimos justicia. Nuestros muchachos no son criminales, son víctimas de un sistema que castiga la disidencia,” afirmó Grajales.
Este nuevo capítulo de violencia se suma a un historial de represión documentado por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han señalado el uso de colectivos armados para intimidar a manifestantes y activistas en Venezuela.
La Organización de Derechos Humanos Urgentes hace un llamado urgente a la comunidad internacional para visibilizar esta crisis y exigir respuestas.“Nos han golpeado, nos han robado, nos han humillado, pero no nos han vencido,” concluyó Grajales.
“Por nuestros familiares, por la verdad, seguiremos luchando, aunque nos persigan, aunque nos amenacen. No tenemos miedo, porque el amor por los nuestros es más grande”, cerró.