La ONG Fundaredes, cuyo director Javier Tarazona cumplirá dos años preso en julio, contabilizó 119 muertes en las zonas fronterizas de Venezuela entre los meses de enero y mayo de este año.
«Entre el mes de enero y mayo la organización registró un total de 86 presuntos enfrentamientos donde murieron 119 personas» en las zonas fronterizas de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, dijeron en su cuenta de la red social Twitter.
Detallaron que las muertes ocurrieron en presuntos enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado venezolano y personas, a las que los organismos califican de delincuentes.
En su monitoreo, la mayor cantidad de decesos se dieron en el estado Zulia, estado al occidente del país que es limítrofe con Colombia.
«En la investigación y registro se evidenció que el estado #Zulia se posicionó como la primera entidad con más casos de este tipo, pues de 40 presuntos enfrentamientos resultaron 54 personas fallecidas».
Cuerpos involucrados en estas 119 muertes
Identificaron a los cuerpos de seguridad involucrados en estos hechos. Se trata del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que sería responsable de 23 enfrentamientos; le siguen las policías regionales con 18 casos; la Policía Nacional Bolivariana (17), Guardia Nacional Bolivariana (15), comisiones mixtas (8), policías municipales (7) y Fuerza Armada Nacional Bolivariana con cuatro.
Este 20 de junio otra ONG nacional, Control Ciudadano, identificó 104 casos de muertes en enfrentamientos entre los meses de abril y mayo pasados en 17 de los 24 estados de Venezuela.
Esta organización dijo que en el mes de abril aparecen como responsables involucrados, con el mayor número de «ejecuciones» realizados bajo la categoría de «abatidos» en presuntos enfrentamientos con delincuentes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) (18), seguido de la GNB (13) y la Policía Nacional Bolivariana (11).
Mientras que Fundaredes mencionó este miércoles 21 de junio que en este tipo de hechos, quienes aparecen como responsables son los funcionarios que deben salvaguardar la vida de la población.
«Este tipo de muertes violentas fueron causadas por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes, los cuales no prevén la muerte de los detenidos o sospechosos», alertaron.
Qué pasa en las zonas fronterizas venezolanas
Venezuela comparte una extensa frontera de más de 2.000 kilómetros con Colombia, donde los grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la antigua Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y carteles de droga tienen incidencia directa en territorio nacional.
En su más reciente informe sobre los estados que son limítrofes con el vecino país, InSigth Crime, un observatorio sobre la actividad criminal en la región, destaca en detalle cómo operan estos grupos en regiones como Zulia, Apure, Táchira y Amazonas.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla colombiana desmovilizada en 2016, se disputan el narcotráfico», dice la institución que hace periodismo de investigación sobre los efectos del crimen organizado en las sociedades.
Señalan, en el estudio de diciembre de 2022, que en Táchira el ELN cobra por el tránsito de personas por pasos irregulares, mantiene una estructura para controlar el contrabando de mercancías que la «hace dueña de la frontera».
Dominio del ELN y disidencias de las Farc
En el caso de Apure, además del ELN y disidencias de las Farc, hay grupos como Fuerzas Bolivarianas de liberación (FBL), una guerrilla venezolana, que conviven con las dos primeras.
«Su presencia mas fuerte se concentra en La Gabarra, un pequeño poblado en el municipio, Páez, tienen la capacidad de poner en jaque al ELN por sus conexiones con políticos y militares».
Además, en Amazonas junto al ELN está el Frente Acacio Medina, una de las más poderosas disidencias de las Farc, que se disputan la minería ilegal, desplazan a los indígenas y causan un daño ecológico importante.
«Las relaciones entre guerrillas, políticos y militares en este estado son de vieja data. Chávez, le otorgó el cuidado de Yapacana a las FARC, según un periodista de la zona en entrevista con InSight Crime. En la actualidad el botín del cerro es repartido entre cuerpos de seguridad, el Frente Acacio Medina y el ELN, de acuerdo con representantes de comunidades indígenas», asegura InSigth Crime.