Fundehullan registró al menos 599 violaciones a derechos humanos en los llanos venezolanos durante 2023, lo que representa un incremento del 67 % en comparación con los casos documentados en 2022, informó la ONG este 30 de mayo en la presentación de su informe anual.
Yolangel Guerra, miembro de la organización, advirtió que hubo un incremento de 167 % de vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación en la región. Además, la persecución y estigmatización contra las manifestaciones pacíficas aumentaron en un 144 %.
Los resultados del balance arroja que en los llanos de Venezuela y en el estado Táchira hubo 1,6 vulneraciones por día, el año pasado. En ese período se registraron 198 vulneraciones al derecho a la integridad física, persecución y amenazas, 105 violaciones al derecho a la libertad personal, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y retenciones.
Además, hubo denuncias de 94 vulneraciones al derecho a la manifestación pacífica, 88 vulneraciones al derecho a la libertad de reunión y asociación (criminalización de la sociedad civil y estigmatización) 74 vulneraciones al derecho a la libertad de expresión (cierre de programas de radios y emisoras independientes e intimidación a periodistas) y 38 vulneraciones al derecho a la participación ciudadana. La ONG también contabilizó dos ejecuciones extrajudiciales.
«El Estado continúa aplicando métodos coercitivos, que al final vulneran los derechos humanos. Direccionó una política no solo dirigida a limitar el ejercicio ciudadano de los DDHH sino también lograr que las ONG se inhiban de participar», explicó Roland García, director ejecutivo de Fundehullan.
Cuáles estados fueron los más afectados
De acuerdo con Fundehullan, en 2023 el mes con mayor número de denuncias de vulneraciones al derecho de la libertad personal fue agosto. Entre los estados en los que se registró un mayor número de incidencias relacionadas están Barinas, Apure, Guárico, Portuguesa y Táchira.
Asimismo las entidades que presentaron más casos de violación de derechos a la integridad física son Apure, Portuguesa y Barinas.
Respecto a los responsables de las violaciones de DDHH en la región llanera, se identificó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en un 39,3 % de los casos, le sigue la Guardia Nacional Bolivariana (26,3%), la Policía Nacional Bolivariana (16,4 %) y la policía estadal (4,9%).
«La clasificación de los siguientes patrones: 167 acciones de intimidación por parte de los cuerpos de seguridad y en esto quiero ser muy responsable al señalar directamente a la Guardia Nacional, la policía estadal y al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que son los primero grupos que están en la línea de los procesos de hostigamiento contra la sociedad civil», dijo García.
Reportó además 15 allanamientos en la región contra organizaciones no gubernamentales, gremios y sindicatos y tres robos a equipos en el proceso.
Exigen que cese política de criminalización
Finalmente, Fundehullan exhortó al Estado venezolano a cesar «de forma inmediata» la política de criminalización de la labor de los defensores, activistas y trabajadores humanitarios. También realizó las siguientes recomendaciones:
1️⃣ Respetar el derecho a la libertad personal y que los ciudadanos y miembros de la sociedad civil que han sido procesados se les otorgue libertad plena, en respeto a las garantías procesales establecidas el artículo 44 y el 49 de la Constitución.
2️⃣ Garantizar la labor periodística y promover el derecho a la libertad de expresión
y el espacio de opinión pública de los ciudadanos.
3️⃣ Garantizar a la ciudadanía el derecho a la manifestación pacífica, amparado en el artículo 68 de la Constitución.
4️⃣ Generar mecanismos efectivos que procuren e impulsen la protección de todas las personas y organizaciones que están brindando respuesta y acompañamiento a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja que padece la región.