Nicolle Pérez Soler, de 21 años de edad, era quien mantenía a su familia. Fue asesinada mientras trabajaba el 29 de marzo, y estaba en su periodo de prueba para ingresar como personal fijo de la Policía de Táchira. Con ella murió Otto Márquez de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de 24 años. Víctimas de una protesta estudiantil del Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial (IUTAI) en Táchira.
Un día después, los compañeros de Nicolle hicieron un pronunciamiento para reclamar por sus derechos laborales y rechazar las acciones violentas de los manifestantes que terminaron con la vida de dos funcionarios.
El oficial José Gregorio Castillo aseveró que la joven había egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) e intentaba ingresar a las filas de la policía estadal.
Fuentes internas de la institución indicaron que la funcionaria no contaba con un seguro de vida y Castillo reveló que las coberturas para los uniformados no alcanza para que sean atendidos en clínicas.
En el caso de Otto, el PNB arrollado, su institución comenzó a ofrecer desde enero de este año el pago del salario del funcionario caído por seis meses. Este dinero sería entregado en partes iguales al cónyuge, padres e hijos del uniformado.
Luego de ese lapso, la indemnización sería de un salario mínimo solo para los hijos menores de edad y a los padres dependientes del efectivo policial. Los hijos con discapacidades tendrían la pensión de por vida.
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Para 2015, un familiar de un funcionario fallecido en funciones declaró a Efecto Cocuyo que la institución le aseguró que tienen tres años de retraso en el pago de las indemnizaciones.
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Suspensión
En una rueda de prensa que se realizó este 31 de marzo, el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, dijo que los funcionarios fueron manipulados por la oposición para que realizaran el pronunciamiento contra las violaciones de sus derechos laborales y en las que desmintieron la versión del mandatario regional.
Según Vielma Mora, Nicolle Pérez es una funcionaria preparada para controlar situaciones de orden público.
Los funcionarios que se manifestaron fueron suspendidos de sus funciones por orden del Gobernador.