La organización no gubernamental Fundaredes denunció el proceso irregular que ha marcado la detención de su director Javier Tarazona, quien este miércoles 2 de julio cumple cuatro años en prisión.
En su cuenta de la red social X, la ONG recordó que a Tarazona lo detuvieron en el estado Falcón cuando acudió al Ministerio Público a denunciar la persecución en su contra por parte de funcionarios de seguridad y de inteligencia del Estado.
«Su juicio ha sufrido múltiples retrasos y ha sido llevado a cabo, en ocasiones, de forma telemática sin su presencia física en el tribunal«, resumió Fundaredes sobre cómo transcurre el proceso judicial en su contra. Aún no hay una condena en su contra, mientras que lo mantienen privado de libertad.
En su último informe oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, exigió la liberación de Tarazona y de otros activistas como Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.
De qué acusan a Tarazona
Antes de su detención Tarazona era una de las voces más firmes en denunciar la presencia de grupos irregulares en las zonas fronterizas venezolanas. Era una fuente obligada de consulta sobre el conflicto que en 2021 se agravó en el estado Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y grupos guerrilleros en ese estado de los llanos occidentales y fronterizo con Colombia.
Entre las violaciones al debido proceso que mencionó Fundaredes en el caso de su director están el incumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), suspensión del juicio «bajo inconsistencias y sin justificación legal», así como el diferimiento de las audiencias. «Todo esto ha convertido su caso en un mecanismo de castigo y persecución política», añadieron.
«Su encarcelamiento, bajo acusaciones infundadas de terrorismo e instigación al odio, es una clara muestra de la persecución para silenciar las voces críticas y restringir el espacio cívico. Defender DDHH NO ES DELITO», reiteró Fundaredes.
Amnistía asegura que es un preso de conciencia
Amnistía Internacional lo incluyó en la lista de «presos de conciencia en Venezuela», por lo que de forma reiterada exige a la administración chavista y los órganos de justicia su liberación.
«Al menos cuatro personas defensoras de los derechos humanos se encuentran actualmente detenidas de forma arbitraria en Venezuela por el ejercicio legítimo de su actividad: Javier Tarazona, detenido en 2021; Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda», resumió la organización en febrero pasado.
Agregó que se trata de «presas de conciencia y deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. Pedimos a Nicolás Maduro que garantice que se las pone en libertad con carácter de urgencia y que, mientras estén bajo custodia del Estado, se protege su vida y su seguridad, así como su derecho a no sufrir tortura y las garantías de un juicio justo».
Fundaredes reiteró su llamado de exigir libertad plena del defensor de DDHH cuanto antes.
“Ante los continuos desafíos a los derechos humanos en Venezuela, insto a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres”, también solicitó Volker Türk el pasado 27 de junio.
Su informe llevó al chavismo a declararlo persona «non grata» este martes en la sesión de la Asamblea Nacional que controla el Psuv, que además pidió lo juzguen en Venezuela y que el país se salga de la oficina del ALto Comisionado.