El camino que lleva la Corte Penal Internacional (CPI) es tan largo como complicado. La noche del martes, 1 de septiembre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos declaró que la Fiscalía evalúa demandar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros de la “cúpula civil y militar” del Gobierno venezolano por lo que ocurre en la frontera.; un proceso “larguísimo, que puede durar años y es muy complicado”, asegura el abogado Adalberto Urbina, experto en derechos humanos.
“Primero hay que recordar que a la Corte Penal Internacional no se lleva a Estados, sino a personas y eso es a lo que se refiere el presidente Santos cuando habla de militares y civiles. Ante esa instancia deben presentarse nombres y apellidos de las personas que hayan cometido los crímenes más graves de trascendencia internacional. Se pueden denunciar genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de agresión”, explica.
Para Urbina, la CPI no es la instancia más correcta para tratar el caso de la frontera colombo-venezolana. “A mi juicio, no estamos ante crímenes internacionales, pero sí ante gravísimas violaciones de derechos humanos y son cosas totalmente distintas. En este caso, le tocaría al Gobierno venezolano investigar a los funcionarios que propiciaron esas violaciones y que ambos países resuelvan el conflicto por los canales diplomáticos. Colombia no necesitaba involucrar a la Corte para esto. Claro que está en su derecho y la Fiscalía colombiana podría remitirlo cuando quiera, pero lo que viene después es que el fiscal acepte abrir una investigación y si alguien se atreve a decir que lo de la frontera es genocidio está gravemente equivocado”, explica el experto.
En el mismo tono, pero en el país hermano, el sociólogo y magister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, Luis Miguel Buitrago, explicó a El Universal de Colombia que “la CPI se ocupa de crímenes de lesa humanidad y de guerra, y lo que está ocurriendo en la frontera difícilmente entra en dicho criterio. Además, si no prosperan casos más importantes como la guerra con las Farc, es más complicado que prospere la demanda que piensa realizar Santos”.
Al igual que Santos, el alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, Donamaris Ramírez Lobo, dijo este miércoles 2 de septiembre que también interpondrá una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Nicolás Maduro, por la deportación de más de un millar de colombianos. “Aquí hay una guerra disfrazada. La guerra no únicamente es cuando nos cogemos a bala, la guerra también son los atropellos que está haciendo el presidente Nicolás Maduro”, sostuvo desde una rueda de prensa en la ciudad de Washington.
La canciller de Colombia, María Angela Holguín, informó que se reunirá con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para exponerle la crisis humanitaria que atraviesan miles de colombianos desde que el presidente Maduro ordenó el cierre del paso fronterizo. Su anuncio se produjo un día después de que Santos hablara de la ofensiva que emprendería su Gobierno ante organismos multilaterales para denunciar los maltratos que han sufrido sus compatriotas en la frontera colombo-venezolana, decisión que recibió el inusual respaldo de su mayor opositor político: el expresidente Álvaro Uribe, quien la calificó de “correcta”.
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