“La justicia no tiene ideología: o es para todos, o no es justicia”. Así inicia la declaración de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), emitida tras la excarcelación de Martha Lía Grajales.
El comunicado que emitieron la tarde de este miércoles 13 de agosto evidencia que este caso ha propiciado el reconocimiento, por parte de diversos sectores, de realidades previamente negadas en torno a los derechos humanos en el país.
JEP señala que, a raíz del caso de Grajales, “por primera vez en mucho tiempo, voces de todos los espectros —desde sectores oficialistas hasta defensores históricos de la izquierda latinoamericana— admitieron públicamente lo que por años se negó: En Venezuela sí existen presos políticos. Sí hay desapariciones forzadas. Sí se violan sistemáticamente derechos humanos y el debido proceso”, se lee en la publicación realizada en la cuenta oficial de X de la organización.
La ONG rechazó cualquier sesgo político al afirmar que “no hay víctimas de izquierda ni víctimas de derecha: hay víctimas”. También condenaron las detenciones arbitrarias y las torturas.
“No hay detención aceptable si viola la ley. Toda detención arbitraria es injusta. No hay tortura justificable, toda tortura es un crimen”, señalan.
La exigencia de Justicia, Encuentro y Perdón
JEP establece que «quienes alzaron la voz por Martha Lía Grajales tienen hoy una responsabilidad ética: hacerlo también por todos los demás. No por afinidad política, ni ideológica, sino por coherencia y principios”.
“La justicia selectiva no es justicia”, y que “el silencio ante un abuso, aunque sea contra quien piensa distinto, también es complicidad”.
Martha Lía Grajales, activista colombo-venezolana de derechos humanos y codirectora de la ONG Surgentes, fue detenida arbitrariamente el 8 de agosto de 2025 por la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, tras participar en una vigilia pacífica frente a la sede de la ONU en apoyo a familiares de presos políticos.
Se le imputaron los cargos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, considerados por activistas como un «montaje judicial». Tras permanecer incomunicada y ser trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), fue excarcelada la noche 12 de agosto, con medidas cautelares, aunque el proceso judicial en su contra continúa, calificado como arbitrario por organizaciones como Provea y Amnistía Internacional.
La organización registra al menos 1.025 personas detenidas por motivos políticos en el país. El comunicado detalla que “algunas llevan meses o años incomunicadas”, mientras que otros, como José Riera y Nancy Camacaro, “permanecen desaparecidos”. También se menciona la situación del periodista Rory Branker, de quien su familia “suma más de seis meses sin noticias”.