El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció los ataques a la libertad de prensa en Venezuela, al presentar un informe sobre las restricciones que hubo en el país entre enero y abril de 2024.
«La libertad de prensa en Venezuela está bajo ataque y sufre las consecuencias de una política pública dedicada a silenciar y perseguir las voces y contenidos críticos», dijeron este viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Resaltaron el cierre de 11 emisoras de radio en seis estados del país, entre enero y abril, que se dieron en Zulia (3), Portuguesa (2), Bolívar (2), Lara (2), Carabobo (1) y Trujillo (1).
Explicaron que estas medidas tienen un patrón por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que no responde a las solicitudes de las estaciones para renovar las concesiones para continuar operando en el espectro radioeléctrico.
«Las solicitudes de renovación de concesión hechas por los operadores no están siendo atendidas, afectando a más del 80% de las radios en el país que funcionan con los permisos vencidos», dijo el Sntp.
También identificaron 51 casos de violaciones a los derechos de la libertad de expresión e información, que afectan principalmente a periodistas y medios de comunicación, que se produjeron en 18 estados de Venezuela, especialmente en el Distrito Capital.
«Otro elemento que incide de manera negativa sobre el ejercicio de la libertad de prensa es el permanente amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación, en razón de sus publicaciones y línea editorial. El Sntp documentó 17 hechos de esta naturaleza, entre 4 y 5 por mes, de enero a abril».
Entre los hechos documentaron amenazas para que los reporteros y reporteras borraran material en coberturas de hechos noticiosos e incluso la interceptación de comunicaciones privadas.
Dos periodistas presos y seis sometidos a persecución judicial
El Sindicato mencionó la detención del periodista Carlos Julio Rojas, un activista social al que el Ministerio Público acusa de estar supuestamente implicado en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.
Ni sus familiares ni sus abogados han tenido acceso a él desde que lo apresaron el pasado 15 de abril. Su presentación en tribunales se hizo sin respetar el debido proceso al impedirle que designara abogados de su confianza como lo establece la Constitución venezolana de 1999.
«Carlos Julio Rojas permanece encarcelado, enfrentando un juicio sin respeto al debido proceso. Otros casos han afectado a: Oscar Alejandro Pérez, Dimas Medina, Sebastiana Barráez, Claudia Macero y Orlando Avendaño«, resumió la organización que además recordó como el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, los expuso públicamente.
«En cinco de los casos, el Fiscal General de la República ha expuesto públicamente a estos periodistas y sentenciado su supuesta responsabilidad sin que exista una investigación ni el ejercicio del derecho a la defensa. Casi siempre aludiendo delitos de odio, traición a la patria y terrorismo«.
Igualmente mencionaron otras restricciones entre las que están bloqueos de medios en internet (3), bloqueo de medios en redes sociales (2), detenciones (1), limitaciones en el acceso a la información (4), cierra de programas en medios de comunicación (2), la vandalización de instalaciones de medios (3) y la salida del aire del canal alemán de noticias Deutsche Welle, que se produjo el pasado mes de marzo.