Aunque Venezuela cuenta con una de las tradiciones democráticas más largas del continente, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe en su artículo 46 de manera general y taxativa la tortura y los tratos crueles e inhumanos, aún existen funcionarios que de manera aislada cometen violaciones graves a los derechos humanos.
A María Beatriz Lara Mendoza, periodista del diario El Aragüeño por más de 20 años, le cambió la vida luego que funcionarios del CICPC en Villa de Cura, estado Aragua, la golpearan, la esposaran, la desnudaran y la detuvieran el 19 de junio de 2015 mientras intentaba dar cobertura a una pauta del entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso.
Luego de dos años y pese a que en diciembre de 2016 el Ministerio Público acusó y solicitó privativa de libertad para los detectives Edgardo Villegas Reyes y Rosmery Lama Mejías, funcionarios adscritos a la delegación del CICPC en Villa de Cura, municipio Zamora del estado Aragua para la fecha, el Tribunal 10º de control del Circuito Judicial del estado Aragua sigue difiriendo la audiencia de presentación de los acusados, al punto que la nueva fecha prevista es para el 6 de septiembre de 2017.
“He sido yo quien ha pagado condena”
“Me parece que fue ayer. Dos años en los que mi vida cambió para siempre, en lo profesional y personal. Dos años viviendo encerrada, sin vida social, dos años en los que a mis dos hijos tuve que retirarlos de todas sus actividades deportivas y frustrarles sus sueños porque temía que, en cualquier momento, en un hecho simulado pudiesen hacerles daño”, recuerda Lara en entrevista concedida a Gregoria Díaz.
Beatriz Lara Mendoza se fue de Venezuela con sus dos hijos. Desde donde está, no olvida los dos años en los que tuvo que vivir encerrada con sus ellos por miedo a represalias, pese a las medidas de protección que le otorgaron al principio y que apenas le concedían la oportunidad de llamar a un número telefónico por si se encontraba en riesgo.
“Me quitaron el derecho de salir y de vivir sin miedo. Fui yo quien estuvo encerrada y pagando condena en mi propia casa, hasta que no tuve más salida que un aeropuerto. He sido yo quien ha pagado condena”, dice.
“¡Malditos periodistas!”
El 19 de junio de 2015, Beatriz Lara Mendoza, junto a su reportero gráfico Alfredo Paradas, se dirigió a la población de Villa de Cura, municipio Zamora del estado Aragua, para darle cobertura a una actividad pautada por el entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del PSUV por el estado, Elvis Amoroso. El punto de encuentro entre el parlamentario y la prensa regional sería la sede de la delegación del CICPC en la zona.
Los periodistas llegaron primero y mientras esperaban, Lara Mendoza observó que había dos patrullas con unos 20 detenidos aproximadamente. Su instinto periodístico la llevó a acercarse hasta la sede policial e indagar. Un funcionario a quien conocía le indicó que quien podía informarle era el inspector Edgardo Villegas. Pero al acercarse y preguntarle, el funcionario respondió de manera agresiva e irrespetuosa.
Paradas, reportero gráfico y compañero de faenas, pidió al funcionario que dejara de irrespetar y ofender a su compañera. Pero el inspector lo empujó, lo hizo caer al suelo e inmediatamente entre varios funcionarios comenzaron a patearlo, mientras Beatriz gritaba pidiendo auxilio. No permitían que Paradas se levantase. El inspector Villegas ordena su detención, lo toman por brazos y pies y a rastras lo llevan dentro de la delegación.
En ese momento Villegas sujeta a la periodista por el brazo y el cabello, la empuja contra una pared y aunque ella no opuso resistencia, comenzó a golpear su cabeza contra el muro, mientras le decía: “Informa, informa si eres periodista, ¿qué vas a informar?”.
Lara no entendía lo que ocurría y no atinaba e defenderse. Apenas lograba escuchar las obscenidades que profería aquel funcionario agresor. “Malditos periodistas”, decía el inspector Villegas, “aprendan a respetar el trabajo de uno, siempre entorpeciendo”.
La única funcionaria femenina que se encontraba en la delegación del CICPC de Villa de Cura ese día, Rosmery Lama, cumplió el mandato del inspector Villegas cuando le ordenó revisar “las partes íntimas” de la periodista. Lama la hala por el cabello, intenta abofetearla y a empujones la lleva hasta una oficina. Allí, la periodista pensó que podría llamar al jefe de la delegación.
Pero la funcionaria impide que la periodista se siente, intenta romperle la camisa para desnudarme, le exige que se la quite, así como el pantalón y la ropa interior. Una vez desnuda, le ordena saltar en cuclillas para ver si tiene drogas o un arma. “No podía creer todo aquello. Estaba aturdida, confundida, me parecía mentira”, confiesa Lara a Gregoria Díaz.
Cumplida la orden, la funcionaria Rosmery Lama le indica a su jefe que no hay novedad, pero aun así este le pide que espose a la periodista. La delegación estaba atiborrada de detenidos, no había más esposas, así que decide quitárselas a una detenida. Beatriz Lara es obligada a colocar sus manos alrededor de una viga y hacia atrás, mientras se mantenía de pie. Se le dificultaba evitar que sus manos no se deslizaran por el tubo y que las esposas siguieran cerrándose y presionándola. También esposan a su compañero.
El calvario legal
La noticia de la detención de los periodistas se regó rápidamente y llegó hasta los directivos del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Aragua. Beatriz Lara y Alfredo seguían incomunicados pues sus teléfonos habían sido incautados. Al trato cruel e inhumano que a Beatriz Lara y Alfredo Paradas le infligieron detectives del CICPC, se le sumaba la orden de reseñarlos por los delitos de resistencia a la autoridad y cómplices de fuga masiva de delincuentes.
Las denuncias tuvieron eco inmediatamente y el diputado Elvis Amoroso, quien aún no llegaba al sitio pautado, envía delante a sus dos jefes de seguridad hasta la delegación del CICPC. Conversan en privado con el comisario Argenis Suarce, supervisor de investigaciones a cargo de la delegación de Villa de Cura, llevan hasta su oficina a los reporteros y allí, el funcionario asegura que todo se trataba de una confusión y excusa al inspector Edgardo Villegas con el alegato de que “estaba estresado por el operativo de esa noche”
El Colegio Nacional de periodistas de Aragua, junto al Sindicato Nacional de trabajadores de la prensa, de las Ong IPYS Venezuela y Espacio Público, activaron las denuncias respectivas y exigieron sanciones a los responsables de aquel maltrato.
Por su parte, la Fiscalía 20 de derechos fundamentales ordena un examen forense a las víctimas que solo pudo realizarse luego que la intermediaria del gobernador llamara al médico para que acudiera a la sede policial. También ordena la apertura de un procedimiento administrativo contra los funcionarios agresores. Vino el reconocimiento de los agresores a través de fotografías.
El Colegio de periodistas de Aragua, conjuntamente con Espacio Público la asesoran legalmente. Fue así que mientras el Fiscal Elías Martínez conocía de su caso y gestionaba la rapidez de las averiguaciones correspondientes, el Ministerio Público designa una comisión especial para reconstruir los hechos. Una carpeta con el nombre “caso de periodista” da cuenta de todo lo acontecido ese día. Un video, que fue analizado cuidadosamente para determinar si había sido alterado o editado, refrescaba en la memoria de Beatriz cada golpe, cada humillación y cada maltrato.
Un año y seis meses después, finalmente los fiscales del Ministerio Publico presentan ante el Tribunal 10º de control del circuito judicial del estado Aragua, a cargo de la juez Lorena Moreno Morillo, una acusación contra los inspectores Edgardo José Villegas Reyes y Rosmery Desiré Lama Mejías. Al primero se le acusa de trato cruel, inhumano y degradante y privación ilegítima de libertad, mientas que a la funcionaria se le acusa de tratos inhumanos y degradantes, para quienes el ministerio Público solicitó su enjuiciamiento, así como medidas de privativa de libertad sin beneficios de medidas cautelares sustitutivas, toda vez que por seguir siendo funcionarios activos del CICPC, existe el peligro de fuga y podrían influir, intervenir u obstaculizar el curso del proceso.
Los abogados defensores de Beatriz Lara, Oswaldo Cali y Ricardo Rosales, asignados por la ONG Espacio Público, han denunciado reiteradamente el retardo por parte del tribunal 10º control penal de Aragua, pretendiendo proteger a unos funcionarios policiales agresores que siguen en libertad y posponiendo la audiencia preliminar con los acusados. La primera audiencia preliminar estaba pautada para el 1 de enero de 2017 pero fue diferida para el 1 de marzo ante la no comparecencia de los funcionarios del Cicpc, imputados.
Los abogados defensores insisten ante el tribunal y se pauta una nueva fecha para el 1 de junio de 2017, a escasos días de cumplirse dos años de la agresión. Pero una vez más, la audiencia no se realiza. A través de gestiones por parte de abogados del CNP Aragua, se logra tras engorrosos trámites impuestos por el tribunal que lleva la causa, conocer que la cuarta audiencia deberá realizarse el 6 de septiembre de 2017.
“Siento una gran impotencia y frustración ante tanta injusticia e impunidad. Mientras esos dos delincuentes, porque no se les puede llamar funcionarios, andan tan tranquilos por la calle, seguramente atacando a otras víctimas bajo el amparo de una credencial, yo tuve que embalar mi zozobra, mis miedos, la angustia por mis hijos e irme del país sin más nada que mi confianza en Dios. Tarde o temprano, el único Supremo, hará justicia”, refiere la periodista Beatriz Lara Mendoza.