La ONG Fundehullan denunció la detención de la presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas, Yanny González.
En su cuenta de la red social X, calificaron esta aprehensión como arbitraria y que se produce después de que el pasado viernes 18 de julio intentaron arrestar a la presidenta de este gremio en Bolívar, Maritza Moreno, pero como ella no estaba en su vivienda detuvieron a su esposo, Ángel Rivas.
«Denunciamos la detención arbitraria de Yanny González, presidenta del gremio de enfermería de Barinas. Por una comisión mixta de cuerpos de seguridad del Estado. La detención ocurrió hoy a las 2:30 pm en el Colegio de Enfermeros en Barinas», aseguró la organización no gubernamental.
Añadieron que se trata de una medida que vulnera el debido proceso y la libertad personal, derechos establecidos en la Constitución venezolana de 1999 aún vigente en el país.
Machado denuncia nueva ola de detenciones
Más temprano, la líder opositora María Corina Machado denunció que unas 20 personas, a las que no identificó, han sido apresadas en las últimas horas como parte de lo que llamó «una nueva ola represiva» de los cuerpos de seguridad del Estado al servicio de la administración de Nicolás Maduro.
«Este patrón, ya reiterado, confirma la política de la ‘puerta giratoria’, liberar selectivamente a unos para encarcelar a otros. La represión no cesa, solo se redistribuye», compartió Machado en un comunicado sobre la alerta.
Al menos siete personas están presas por razones políticas desde que comenzó julio. Ahora con González, en Barinas, son ocho las que confirman organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos políticos.
Se trata de Luis Magallanes (Yaracuy), Rodrigo Pérez (Bolívar), Yandir Loggiodice (Bolívar), Simón Bolívar Obregón (Caracas), Fernando Serrano (Bolívar), Ángel Rivas (Bolívar) y ahora Yanny Sánchez (Barinas).
Colegios de Enfermería rechazan persecución
Este lunes, los colegios de Enfermería de Venezuela publicaron un comunicado en rechazo a la persecución contra Maritza Moreno en Bolívar. En el texto exigieron el cese de estas prácticas contra la dirigente gremial, la libertad de su esposo y el respeto por los familiares de los que hacen actividad en sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil.
«La lucha por un salario justo, condiciones laborales dignas y el acceso a la salud no puede ni debe criminalizarse. La enfermería venezolana ha estado históricamente del lado del pueblo y no dejaremos de alzar la voz ante las injusticias», afirmaron.
