La Operación Liberación del Pueblo (OLP) madruga sigilosa desde el lunes 13 de julio, fecha en la que más de mil funcionarios de la Guardia Nacional se convirtieron en la alarma despertadora de los habitantes de la Cota 905 con disparos, gritos y golpes en las puertas. Horas más tarde, el presidente Nicolás Maduro calificaría el operativo como una medida “para derrotar el paramilitarismo”.
Pero para el criminólogo Fermín Mármol, la denominación apropiada de la OLP es “un elefante en una cristalería”. “Es más efectista que efectiva. Si de verdad fuese un operativo de seguridad, de prevención, las autoridades deben quedarse en las zonas así como se hizo en Brasil con las favelas. De lo contrario, solo será una demostración de poder con pocos resultados”.
De acuerdo con Mármol, actualmente hay cuatro planes ejecutados por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en el país: Patrullaje Inteligente, Plan Desarme, Plan de Pacificación y la Operación Liberación del Pueblo. “La OLP reafirma que el de las zonas de paz han sido un fracaso, pero el Gobierno no ha tenido la voluntad de decirlo públicamente”.
La OLP ha pasado por zonas populares en Distrito Capital, Miranda, Aragua, Yaracuy, Carabobo, Zulia, Lara, entre otras regiones. Vehículos solicitados, armas, granadas, droga y hasta alimentos decomisados, más de 250 detenidos y 22 personas fallecidas, han sido el resultado de ellas.
“Un despliegue de tantos militares es el principal error de las OLP. Los líderes de las bandas tienen informantes y pueden estar dentro de los que practican esos operativos; entonces solo se atrapan pequeños rateros. Esto podría ser una brisa fresca en tiempo de elecciones, pero mientras no se ataquen los verdaderos problemas como los colectivos armados, el déficit policial de 300% o el poder que tienen los líderes de las bandas, no se está haciendo nada”, precisa Mármol.
La criminólogo Magaly Huggins define las OLP como “un show en tiempo electoral (…) Las zonas de paz fueron un fracaso y ahora esto generará más delincuencia y más violencia porque los líderes de las megabandas a las que el gobierno les dio poder siguen libres”.
Huggins señala que una vez más es evidente la falta de planificación y la “incoherencia del Gobierno, porque parece que no les importa accionar una labor de inteligencia, sino que pagan contra todos -inocentes o culpables- y se violan los derechos humanos”.
El sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Enrique Alí González, concuerda con las violaciones de derechos humanos en las OLP. “Cuando se hace un operativo donde derrumban las viviendas de los habitantes del sector, los engañan ofreciéndole refugio, y evidentemente, no tienen ficha criminal porque la mayoría es dejada en libertad, ¿Es una medida de seguridad o es una violación a los derechos humanos? -se pregunta. Les estás quitando derecho a una vivienda, a la salud, al empleo, porque muchos perdieron sus trabajos”, el especialista se refiere al caso de la OLP aplicada en el sector El Cují, kilómetro 8 de la Panamericana, donde al menos 200 ranchos fueron derrumbados durante la madrugada del 24 de julio.
“Las OLP son una espiral muy peligrosa que están conduciendo a una crisis humanitaria en el país sumado a la inflación, la inestabilidad y la falta de una estrategia del Gobierno. Para la gente que lo ve desde lejos y no vive en estas zonas, sigue habiendo desesperanza. No se confía en estas medidas cuando ves que el porcentaje de impunidad en el país es de un 92% y se ven los abusos con los que se realizan estos operativos. Es amedrentamiento”, detalla González.
También resalta el hecho de que el número de detenidos en las OLP sea elevado y luego queden unos pocos presos. “Aquí puede venir también el chantaje, extorsión. Te llevas a gente inocente, quedan con antecedentes y eso abre paso a nuevas prácticas ilegales dentro de los organismos de seguridad del Estado”.
El pasado 27 de julio el complejo de Misión Vivienda del sector Juan Pablo II en Montalbán se convirtió en otro de los escenarios de las OLP. Veintiún apartamentos fueron desalojados porque “no estaban habitados por sus dueños”, según el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López. Un total de 212 personas fueron reportadas sin identificación, 26 de ellas extranjeras -colombianos- y se realizaron detenciones a presuntos solicitados por homicidio, abuso a menores, robos, droga y bachaqueo. Sin embargo, nada cambió. Un vecino del sector, informó diez días después: “No sirvió de nada. El mismo ruido por las noches y ayer escuchamos disparos. Es algo que están haciendo para tratar de motivar a la gente a que vote el 6-D. Mucho chicle, poca bomba“.
Vanessa Arenas / @VanessaVenezia