Al menos 149 privados de libertad murieron en las cárceles y calabozos policiales de Venezuela durante el año 2024, según el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
A falta de cifras oficiales, la organización no gubernamental presentó este lunes 21 de julio su Informe Anual 2024, titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de tortura”.
El OVP reportó que de las 149 muertes registradas, al menos 105 ocurrieron en cárceles, 66 de ellas por motivos de salud, mientras que 40 (23 por razones de salud) sucedieron en calabozos policiales. También contabilizaron el fallecimiento de cuatro presos políticos.
La organización señaló que la mayoría de las muertes fueron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática.
Asimismo, durante 2024 se registraron 23 fugas, 5 huelgas y 7 motines en los recintos penitenciarios.
A estas muertes se suman 74 heridos en centros penitenciarios, producto de motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas.
“Este principio que tiene que ver con el derecho a la vida no ha sido respetado por las personas que tienen que responder por los privados de libertad”, dijo Humberto Prado, coordinador general de la organización que defiende los derechos de las personas privadas de libertad.
La ONG subrayó que hay una utilización de la prisión como instrumento de represión política, con prácticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Durante 2024 se reportaron 39 heridos, 56 fugas, 8 huelgas y 10 motines en los centros de detenciones policiales analizados por el OVP.
Hacinamiento
En cuanto al colapso estructural del sistema penitenciario, el informe advierte que la población reclusa alcanzó las 22.019 personas, mientras que la capacidad real del sistema es de 15.096 plazas, lo que representa un hacinamiento “crítico” del 145,85%.
El OVP señala que en algunos recintos, como el Centro de Reclusión Dr Francisco Delgado, el antiguo retén El Marite en el estado Zulia, supera el 350% de hacinamiento.
Según el registro del observatorio, del total de la población reclusa en Venezuela, 1.969 son mujeres y 28 % de ellas se encuentran recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). “Es de resaltar que durante el 2024 fue desalojado el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, disminuyendo así las plazas para las mujeres en prisión”, se lee en el informe.
El OVP recordó que la mayoría de los centros penitenciarios no cuentan con acceso regular a agua potable, los alimentos son insuficientes o servidos en mal estado, y los servicios médicos están prácticamente ausentes. La organización indicó que muchos internos perdieron entre 10 y 15 kilos durante su permanencia en reclusión.
Presos políticos
El informe señala que 2024 fue especialmente grave por el recrudecimiento de la persecución política. Tras las elecciones del 28 de julio, se multiplicaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas contra personas consideradas opositoras al gobierno.
En este lapso, documentaron la muerte de cuatro presos políticos por falta de atención médica que fueron identificados como Marino Lugo Aguilar, Jesús Manuel Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez y Osgual Alexander González.
Estos fallecimientos elevaron a 22 el número total de presos políticos muertos en custodia del Estado desde 2015.
“Las detenciones posteriores a la jornada electoral se caracterizaron por la incomunicación prolongada, traslados arbitrarios, golpizas, aislamiento prolongado y reclusión en centros previamente clausurados, como Tocorón y Tocuyito, utilizados nuevamente como espacios de tortura y represión”, se lee en el informe.
El OVP señaló que la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda, es un recinto que se usa para torturar a los presos políticos que sobreviven en celdas de 2×2 sin ventilación, sometidos a altas temperaturas con cero contacto físico y en aislamiento prolongado.
“Esto no es más que tortura psicológica y sostenida. En todos los años que tengo trabajando en materia de DDHH, jamás había visto un ensañamiento como el que se ha registrado en contra de los presos políticos”, explicó Prado, quien agregó que en las cárceles de Tocorón, Tocuyito y El Rodeo I, se documentó que el personal de custodia no estaba identificado, solo se conocían por seudónimos, estaban encapuchados y vestidos de negro.
Protestas
En 2024, la organización registró una oleada de protestas masivas en el sistema carcelario, con más de 50.000 reclusos que participaron en huelgas de hambre. Estas acciones buscaban denunciar abusos, hambruna, retrasos procesales y la falta de justicia. Un ejemplo fue la huelga nacional simultánea del 9 de junio, que abarcó cárceles, calabozos y anexos femeninos en todo el país.
Estas protestas masivas tuvieron consecuencias, como por ejemplo en la cárcel de Fénix, en el estado Lara, al menos 2.000 reclusos permanecieron durante 17 horas sin agua ni alimentos como castigo por haber participado en protestas; mientras que en el Centro Penitenciario 26 de Julio, en Guárico, más de 1.300 presos fueron encerrados durante días sin acceso a la luz solar ni posibilidad de comunicarse con sus familias.
Al respecto, Prado expresó que, a un año de la huelga nacional, los petitorios de los presos no fueron cumplidos por el Ministerio para el Servicio Penitenciario y, por el contrario, continúa el retardo procesal, el hacinamiento, las condiciones inhumanas en las que están recluidos y las constantes violaciones de DDHH.
Lea aquí el informe completo.