De acuerdo a las resoluciones publicadas por Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) el 1 de febrero y el 19 de julio, para otorgar permisos de viaje para los niños, niñas y adolescentes ya no se podrá realizar a través de un poder general o especial otorgado por el padre, madre, tutor o tutora. Ahora, el trámite obligatorio se convirtió en un obstáculo para las familias.
Así lo aseguró Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap. Añadió que los infantes, al igual que los adultos, tienen derecho al libre tránsito. Sin embargo, la ley establece los permisos de viaje como un mecanismo de protección. Pero, ante el nuevo panorama, contrariamente, los niños se ven aún más desprotegidos.
En Venezuela, existen varios supuestos para viajes nacionales o internacionales en los que los infantes requieren del permiso de viaje.
En los viajes nacionales, el niño, niña o adolescente requiere del documento cuando no viaje acompañado por ninguno de los padres, madre o tutor. Mientras que, para los viajes internacionales es requerido así el niño viaje con uno de los padres.
El representante que no viaja debe dar la autorización personalmente en cualquier oficina de notaria, a través de un documento que la propia página del Saren tiene público en formatos predeterminados. La Notaría tiene la obligación de realizar el trámite. El documento debe contener cinco datos fundamentales: la información sobre la persona que viaja, el medio de transporte que utilizará, el destino al cual se dirige y la fecha de salida y de regreso.
Para Trapani, esta resolución es un mecanismo de protección en un país con condiciones normales, pero Venezuela no es el caso. En su opinión, ante el quiebre institucional existente, esta notificación expone y vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La nueva resolución del Saren deja por fuera a las familias donde uno o ambos padres se encuentran actualmente fuera del país, asegura el abogado. En muchos de estos casos, estas familias contaban con el Poder expedido antes de su salida, pero la nueva medida no contempla políticas transitorias para sus hijos e hijas.
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Teóricamente, la solución es acercarse al consulado más cercano en el país donde reside el padre y tramitar la autorización. El problema es que llevar a cabo el proceso demanda tiempo, dedicación e impone costos, situación que se ve empeorada ante la situación de migración forzada que se vive en el territorio nacional, explica el experto.
Este proceso es aún más complejo en los países y ciudades donde los consulados están cerrados, como Colombia o Miami. En esos casos, el padre debe dirigirse a una notaría en su ciudad de residencia y realizar el mismo trámite que hubiese hecho en Venezuela, para posteriormente, autenticar, traducir si es necesario, apostillar y enviárselo al hijo o hija, para que el permiso de viaje tenga validez y vigencia en el país.
Esto vuelve el procedimiento de los permisos de viaje innecesariamente engorroso, por lo que, para Trapani, la migración se vuelve todavía más insegura. En muchos casos, los padres terminan por optar por mecanismos alternativos como los pasos informales, que aumenta el nivel de riesgo y desprotección al que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes venezolanos. Para el abogado, estas condiciones propician la trata de personas.
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El coordinador general de Cecodap dice que desde su organización recomiendan que, cuando uno de los padres decide irse a vivir afuera y quede en el país el otro padre o madre en cuidado de los hijos, se proceda a ceder temporalmente la patria potestad, a través del “ejercicio unilateral de la parentalidad”. El trámite se realiza ante un Tribunal de Protección donde se declara que el padre se va del país y, en consecuencia, le transfiere temporalmente los atributos de la parentalidad al padre que permanece en el país junto al hijo.
El vocero de la ONG insiste que el Estado debe reconocer que hay un problema de identificación (pasaportes) y migración, donde los niños, niñas y adolescentes son quienes sufren las consecuencias. Por ello, Trapani insiste que se deben generar políticas públicas especiales que permitan a los ciudadanos acceder a estos servicios sin importar el lugar donde se encuentren.
Asimismo, recomendó a las familias asesorarse antes de emprender viajes turísticos o migratorios, para que puedan acceder al sistema de protección con acompañamiento legal. En estas circunstancias, la migración debe ser sumamente planificada, dice. Por ello, recomienda tener a mano el teléfono de la notaría de su preferencia y los consulados más cercanos.
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