La eliminación de las pruebas de admisión internas en las universidades públicas, dictaminada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), ha generado un debate significativo sobre violaciones a la autonomía universitaria y otras garantías constitucionales.
Esta decisión se percibe como una injerencia estatal que contraviene principios constitucionales y legales que protegen la autonomía de las instituciones de educación superior, entre ellos el artículo 109 de la Constitución de Venezuela y la Ley de Universidades.
La autonomía universitaria implica la capacidad de las universidades para autogobernarse, establecer sus propias normas, gestionar sus recursos y definir sus procesos académicos, incluyendo los mecanismos de admisión. La imposición de un sistema único de ingreso controlado por el Estado limita la facultad de las universidades para determinar sus criterios de selección de estudiantes, lo que se considera una intromisión en sus competencias.
Hasta ahora, solo la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha anunciado que proseguirá con su proceso iniciado este año de prueba interna (Simadi), amparándose en su derecho constitucional a la autonomía.
Algunas opiniones de expertos
El abogado Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes (ULA), considera que la medida, presentada como un ejemplo de inclusión, ignora problemas profundos como la falta del presupuesto necesario para atender más estudiantes con una mejor educación, además de dejar por fuera un importante número de bachilleres sin importar su promedio o condiciones.
“Es cierto que la medida menoscaba la autonomía universitaria, pero más allá de eso, deja de lado un problema profundo, grave, que prácticamente ha acabado con las universidades venezolanas que tanto costaron al Estado venezolano durante la segunda mitad del siglo XX, como lo es la asignación y entrega de un presupuesto apegado a la realidad de las necesidades de cada institución”, dijo.
Explica el rector que un sistema de selección existe por dos razones: por un lado, para optimizar el uso de recursos al valorar las actitudes (postura ante la vida y forma de pensar) y aptitudes (habilidades y destrezas) de los aspirantes, en función del proceso educativo que van a vivir para formarse como profesional de calidad, y por otro lado porque desde hace años en las universidades no hay suficientes cupos para el número de aspirantes, lo que en el fondo significa que todo sistema tiene intrínseco un nivel de exclusión, es decir, se eligen unos en detrimento de otros.
En tal sentido, Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, calificó la decisión del CNU como “arbitraria y violatoria”, lo que refleja una perspectiva basada en la defensa de los derechos humanos y constitucionales.
«Esta declaración sugiere que la medida no solo infringe la autonomía universitaria, sino que también podría vulnerar el derecho a la educación al imponer un sistema que no respeta las particularidades de cada institución», dijo.
Por su parte, el profesor Tulio Ramírez, director del Doctorado y Postdoctorado en Educación de la Ucab, indicó que las universidades dejaron de hacer exámenes como método de asignación, pero sí aplicaban sistemas de admisión que contemplan las aptitudes y perfiles de aspirantes.
“Las autoridades del Estado están violando la Ley de Universidades. La ley establece los protocolos de ingreso universitario y el rol que tienen las estructuras autónomas de cada centro», dijo.
Detalló que durante una investigación, que él desarrolló en la UCV sobre la asignación de plazas para nuevos ingresos, se pudo demostrar que el mecanismo de asignación de la Opsu es inauditable. “No hay formas de saber que los datos que ingresan los aspirantes se correspondan a la realidad”, aclara.
Equidad para los estudiantes
Asimismo, el sociólogo, profesor universitario y director del observatorio de universidades, Carlos Meléndez, señaló que restarle autonomía a las universidades en cuanto a la aplicación de pruebas internas, provocará consecuencias graves en la educación.
Enfatizó que las pruebas junto a los sistemas alternativos han generado en los últimos años un complemento de equidad para los estudiantes.
«Gracias a estos sistemas alternativos como Simadi (Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral) de la Universidad Central de Venezuela, como el ingreso por disponibilidad de cupo de algunas universidades en centro occidente de Venezuela o como lo hizo la Universidad del Zulia generó que más estudiantes que tenían o no la duda de estudiar ingresaran a la universidad», explicó.
Precisó que desde el año 2009 se han implementado estos procedimientos que están además contemplados en el artículo 109 de la Constitución. Lo que suponía una oportunidad y una motivación para aspirar a las carreras.
Meléndez, entrevistado en Unión Radio, también consideró que la reciente medida del gobierno provoca una mayor exclusión entre los estudiantes, sobre todo, ante la priorización del estado de carreras específicas sobre la carrera que realmente el estudiante aplica como primera opción.