Provea cuestiona que tras un año de las muertes de las protestas poselectorales aún no hay avances
Tres de los siete fallecidos en la redoma de San Jacinto. Fotos: Provea

La organización no gubernamental Provea denunció que después de un año de las protestas poselectorales, que dejaron al menos 25 fallecidos, aún las autoridades no hayan ofrecido resultados de las investigaciones por estas muertes.

«A la fecha, no se ha producido ningún pronunciamiento de parte del Ministerio Público indicando algún tipo de avance en las investigaciones de estas muertes», dijeron este martes, 29 de julio, en sus redes sociales.

Hicieron énfasis en lo que denominan «la masacre de San Jacinto», una localidad de Maracay, estado Aragua, donde se produjeron 7 de esas muertes y que la ONG calificó como una de las más graves.

Quiénes murieron en San Jacinto

«No han sido investigados hechos tan graves como el ocurrido en la Redoma de San Jacinto, en Maracay, en el que siete personas –incluido un funcionario de la GNB- fueron asesinadas luego que presuntos agentes de la fuerza pública abrieron fuego contra la manifestación que se desarrollaba en el sector el pasado 29-J (de 2024)», destacó la organización de la sociedad civil venezolana.

Recordaron que los fallecidos de este hecho fueron Rancés Daniel Yzarra Bolívar,- Anthony David Moya Mantía, Jesús Gregorio Tovar Perdomo, Jesús Ramón Medina Perdomo, Gabriel Ramos, José Antonio Torrents Blanca (GNB) y Andrés Alfonso Ramírez Castillo.

«Tras un año, 25 asesinatos ocurridos en el marco de las protestas post-electorales de 2024 continúan sin ser investigados y en total impunidad», lamentó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.

La ONG citó los protocolos internacionales en casos de muertes que se conocen como «ilícitas» y el deber de los Estados en investigarlas para castigar a los responsables de estos crímenes.

«Los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y por ello los posibles autores materiales y sus cadenas de mando, incluyendo los más altos responsables, deben ser investigados y sancionados«.