La ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció como trato cruel la detención de su activista y abogado Eduardo Torres, quien este 9 de julio cumple dos meses privado de libertad.
En su cuenta de la red social X, la organización no gubernamental resaltó que Torres, a quien apresaron en Parque Central (Caracas) el pasado 9 de mayo, está incomunicado, no se le permiten visitas familiares ni contacto con abogados defensores privados.
«Torres es miembro del equipo legal de Provea, trabajador de la Universidad Central de Venezuela, sindicalista y estudiante de postgrado. Su aislamiento prolongado viola gravemente sus derechos», destacaron al pasar los dos meses de la detención del defensor de derechos humanos, quien era una de las voces más representativas de los trabajadores públicos presos en los últimos años.
La ONG reiteró que el activista tiene medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde el año 2024, cuando sufrió una detención corta dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia de Caracas por recriminar la presencia de efectivos de seguridad encapuchados.
Por qué detuvieron a Eduardo Torres
Al abogado y docente universitario lo arrestaron cuando salía de una actividad en la capital venezolana y se dirigía a su residencia, también en Caracas. Su familia perdió comunicación con él y desde el día siguiente a su arresto comenzaron a visitar diferentes sitios de reclusión caraqueños donde les negaron que estuviera detenido.
«Criminalizar a Eduardo Torres por su labor es parte de una política de persecución contra quienes alzan la voz en Venezuela», insistió Provea sobre su aprehensión. No le permitieron tener un abogado privado, un patrón contra los presos políticos que se agravó en el año 2024 y que denuncian organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, también de Naciones Unidas.
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Desaparición forzada y amenazas
El defensor estuvo en desaparición forzada por más de 90 horas hasta que el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, habló de su detención en una rueda de prensa en la que amenazó a Provea con someterla a una investigación por las denuncias que hacía sobre el caso.
«Eduardo Torres a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas», afirmó el 13 de mayo Saab.
Mencionó en esa ocasión que lo presentaron en tribunales y lo imputaron por los supuestos delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación, relacionados con un supuesto plan para impedir las elecciones regionales y parlamentarias del pasado 25 de mayo. Por razones similares, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, habló de más de 70 detenciones antes de los comicios y señaló a Torres, Provea, el Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Libre -todas estas últimas ONG- de ser supuestamente financistas de planes terroristas.
«Llamamos al Estado venezolano @MinpublicoVEN @MijpVzla a dar: Información oficial sobre su situación legal. Acceso inmediato a defensa privada. Visitas familiares regulares. Respeto a sus derechos fundamentales», reiteró Provea este 9 de julio.