La llamada Ley anti ONG venezolana se publicó en la Gaceta Oficial Número 6.855 Extraordinaria que se dio a conocer este martes 3 de diciembre, a pesar de que el documento tiene fecha del 15 de noviembre.
Su nombre es la «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro», que aprobó la Asamblea Nacional de 2020, con mayoría del Psuv, con la que se busca un control más férreo de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil venezolana.
«Como afirmamos en el día de su aprobación, esta ley anti ong formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas; y su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país», expresó en su cuenta de la red social X el coordinador general de Provea, Oscar Murillo.
El activista que fue citado hace dos semanas a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por la denuncia de Provea por la muerte de Edwin Santos en Apure, dijo que se busca perseguir a la sociedad con este instrumento.
«La profundización del régimen autoritario necesita silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos porque estas tienen una incidencia importante y la credibilidad suficiente para levantar la voz de modo que los graves abusos que se cometen no queden en el olvido», añadió.
Provea alerta: Buscan copiar totalitarismo de Nicaragua
Murillo también manifestó que el gobierno busca copiar con esta ley «el modelo totalitario de Nicaragua», donde desde 2018 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han clausurado miles de ONG, confiscado medios de comunicación y expulsado del país a opositores a los que les quita la nacionalidad, una propuesta que también han hecho en las últimas semanas diputadas del chavismo como Ilenia Medina y Iris Varela.
“Esta ley afectaría a toda la sociedad venezolana y por eso la hemos denominado, Ley Antisociedad», dijo en agosto pasado la activista y miembro del equipo coordinador de Ideas por la Democracia, Deborah Van Berkel, tras la aprobación del instrumento legal que consta de 39 artículos.
Las ONG deberán registrarse de forma obligatoria ante el gobierno y entre las prohibiciones tendrán las de no “promover el fascismo, la intolerancia, el odio, o cualquier acto que constituya incitación a la discriminación y la violencia”.
A esta normativa se agregó recientemente la «Ley Simón Bolívar», con la que se inhabilitarán a venezolanas y venezolanos hasta por 60 años si apoyan sanciones económicas contra el país, lo que además incluye a medios de comunicación, confiscación de bienes y penas de cárcel de entre 25 y 30 años.
Esta fue la respuesta del chavismo a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la ley Bolívar, con la que sancionarán a quienes tengan relaciones económicas con el gobierno de Maduro.