La misión de expertos nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, integrada por los investigadores Marta Valiñas de Portugal, Paul Seils del Reino Unido y Francisco Cox de Chile, publicó su informe de determinación de hechos sobre Venezuela este miércoles 16 de septiembre.
El documento establece, entre otras cosas, que “hay motivos razonables para creer” que Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa son responsables de violaciones de derechos humanos y delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Pero ¿qué implicaciones tiene el informe en el sistema de justicia internacional?
Para el abogado, especialista en derecho internacional, Mariano de Alba, el informe es un insumo de peso para el examen preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2018 y que debe determinar si hay motivos suficientes para iniciar la fase de investigación contra Maduro y funcionarios de su entorno.
En 2018 Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la Fiscalía de la CPI que investigara presuntos crímenes de lesa humanidad y abusos de los derechos humanos que ocurrieron en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
El abogado también destaca que los miembros de la misión tienen vínculos con la CPI: Marta Valiñas fue parte del equipo de investigación de la Fiscalía hasta 2019; Francisco Cox representó a víctimas de Uganda ante la Corte y Paul Seils fue jefe de la unidad de análisis, por lo que conocen la metodología que requiere el tribunal internacional para considerar una información como válida.
Informe no es vinculante
De Alba aclara que el informe “no es vinculante”; es decir, no obliga, a la Fiscalía de la Corte a avanzar o no con el proceso y recuerda que este es un organismo internacional independiente que no forma parte de la ONU.
Aunque el informe no podría ser usado como una prueba, en el sentido estricto del derecho en un eventual juicio, el jurista destaca que esta documentación “ayuda a la Fiscalía a tener identificados documentos y testigos relevantes, lo que adelanta y simplifica parte de su trabajo”.
“La Fiscalía lo puede tomar en cuenta o no, pero es muy raro que no lo considere porque se trata del informe de un organismo de la ONU que tiene credibilidad. En todo caso, la Fiscalía es autónoma y el juez tiene la potestad de determinar si un delito ha sido cometido o no y juzgar en consecuencia a quien esté involucrado. Si se aprueba un juicio podría tomar años porque los tiempos de la Corte Penal Internacional son lentos”, responde la abogada y directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza.
En su opinión, la investigación desarrollada por la misión puede llevar a la Fiscalía de la CPI a avanzar en las etapas del proceso. Actualmente, el proceso se encuentra en la fase 2; es decir, en la recolección de información para la determinación de hechos que sean considerados delitos de la competencia de la Corte.
De acuerdo con Acceso a la Justicia, son cuatro etapas que componen el examen preliminar de la CPI:
1️⃣ Recolección de información y la determinación de su verosimilitud.
2️⃣ Fiscalía establece si se han cometidos los delitos que son competencia de la Corte, tales como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o agresión.
3️⃣ La fase tres corresponde a la admisibilidad del caso, así como al análisis sobre la naturaleza e impacto de los crímenes. En esta fase lo más importante es determinar si el país en el que se cometieron los crímenes tiene la voluntad o no de juzgar y condenar a los responsables.
4️⃣ En la fase cuatro la Fiscalía dirime si es en interés de la justicia o no presentar el caso ante la Corte.
De darse el juicio y determinarse la responsabilidad de los funcionarios, la corte tiene el mandato de emitir órdenes de captura internacional contra quienes se determinen culpables.
Avala informe de la OEA
Louza subraya que el informe refuerza el escrito por el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y un panel de expertos, en 2018, y que sirvió de base para que los seis países pidieran la investigación contra Maduro.
“Esto es interesante porque el gobierno (de Maduro) se ha dedicado a decir que la OEA no tiene credibilidad y ahora la ONU dice prácticamente lo mismo e incluso un poco más crudo; la diferencia es que en este informe se identifican con nombre y apellido a los perpetradores”, expone.
La abogada destaca la metodología usada por los investigadores de la ONU pues se sustenta fundamentalmente en testimonios de víctimas, de testigos directos, incluso de perpetradores (exdirector del Sebin Manuel Cristopher Figuera), y de organizaciones de derechos humanos que están en el terreno.
“Hemos ido escalando, antes era difícil reconocer que en Venezuela se violaban derechos humanos y ahora estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y lo hacen organismos que son los competentes para decirlo y certificarlo. Hay una política de Estado y eso cambia las implicaciones; de hecho el secretario de la ONU (Antonio Guterres) pedía al gobierno venezolano tomarse en serio el informe”, afirma.