Rector Mario Bonucci informa el estatus de las elecciones de la ULA

El equipo jurídico de la Universidad de los Andes (ULA) sigue a la espera del acceso a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que causó la suspensión de sus elecciones internas, previstas para el 30 de abril.

El rector de la casa de estudios, profesor Mario Bonucci, informó a Efecto Cocuyo que el martes 2 de abril fue la última vez que el apoderado de la universidad acudió a TSJ y que le negaron el acceso al expediente debido a que este «no está disponible».

Hasta ahora los abogados y autoridades no conocen la sentencia que impide que se organicen las elecciones de la ULA y que se encuentra publicada, incompleta, en la página del ente judicial. Sin ella, la institución no puede oponerse a nivel legal a la medida.

«Nos incomoda el hecho de lo que estamos observando es el resultado de la sentencia, no hay más información, no sabemos cuáles son los elementos de convicción que empleó la sala electoral para transformar el discurso y tomar la decisión. Estamos en total desacuerdo, porque esto nos coloca en un estado de indefensión jurídica», dijo el profesor Bonucci a Efecto Cocuyo este 3 de abril, en contacto telefónico.

De acuerdo con lo publicado con el TSJ, la medida de suspensión responde al expediente N° 2023-000064 y fue tomada luego de que el abogado José Eladio Quintero Marquina, profesor jubilado de la ULA, interpusiera un «recurso contenciosos electoral con acción de amparo cautelar contra el Consejo Universitario» por la aprobación del Reglamento Electoral Transitorio que regulaba los comicios.

«Tenemos lo que aparece en una pantalla, pero, ¿cómo vamos a recurrir a esa medida si no sabemos que hay adentro de la sentencia? (…) La elección la suspende la Comisión Electoral y, en el momento que trascribe parte de lo que está en pantalla, se está, digamos, auto notificando. Aquí tiene que cumplirse un proceso y yo no he recibido ninguna sentencia ni documento del TSJ que se me notifique sobre esa decisión», señaló el rector.

Qué está haciendo la ULA

Organizaciones no gubernamentales, como el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y Acceso a la Justicia, ya han advertido que la suspensión de las elecciones se trata de una nueva violación a la autonomía universitaria, que ya había sufrido un duro golpe tras la cancelación de los comicios de la Universidad de Carabobo a finales de 2023.

El profesor Bonucci aseguró que entre las acciones que se acordaron en el Consejo Universitario —algunas de las cuáles ya se están llevando a cabo— está emitir un comunicado público rechazando la sentencia, organizar asambleas en facultades y núcleos y hacer las oposiciones jurídicas necesarias.

«Desde un recurso de aclaratoria hasta la oposición sobre el contenido y resultado de la sentencia. Obviamente que esto último tiene que ser cuando aparezca publicado algo», explicó el rector.

Además, la institución decidió suspender los actos conmemorativos del 239 aniversario de la universidad (29 de marzo), con excepción de la misa de acción de gracias que se organizó este miércoles 3 de abril.

¿Elecciones de la ULA se podrán hacer este año?

La comunidad de la ULA continúa en la incertidumbre respecto a lo que pasará con sus comicios. No obstante, Bonucci indica que, si la situación actual se resolviese, aún tendrían tiempo para llevar a cabo las elecciones internas a pesar de que la fecha de las presidenciales está fijada para el 28 de julio.

«Sobre eso ya hemos hecho consultas con nuestro servicio jurídico y hay, en el pensamiento popular, una creencia que no se pueden hacer elecciones seis meses antes de un proceso electoral nacional. Pero cuando fuimos a mirar la ley no encontramos ningún dispositivo que impida que esa elección pueda realizarse este año», puntualizó el profesor.

Recordó que el artículo 109 de la Constitución de Venezuela reconoce la autonomía de las universidades del país, una garantía que no ha sido respetada. Desde 2008 no se realizan comicios en la ULA, debido a la intervención del TSJ, que impidió que se hicieran procesos electorales en las casas de estudios superiores públicas en territorio nacional por más de una década.