Vista Hermosa (Bolívar), Nelson Mandela (Monagas), La Pica (Monagas), Puente Ayala (Anzoátegui), Agroproductivo de Barcelona (Anzoátegui), Tocorón (Aragua) y Tocuyito (Carabobo) son las cárceles donde fueron trasladados 1.828 reos del Internado Judicial de la Región Insular, ubicado en Nueva Esparta, de acuerdo con una fuente del Ministerio para Servicios Penitenciarios. En estos penales el nivel de hacinamiento alcanza 455%, en promedio.
En rueda de prensa realizada este viernes, 26 de febrero, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, detalló que en la requisa realizada luego del desalojo se encontraron 22 armas de fuego, entre ellas: 2 fusiles, 9 escopetas, 2 revólveres y 9 pistolas, 2.191 municiones de diversos calibres, y algunos accesorios y partes de armas como 3 cargadores para fusil, 3 cargadores sobre dimensional para pistolas, 3 cuerpos de cargadores y 4 granadas fragmentarias en este primer balance.
Indicó también que no está conforme con la cantidad de armas encontradas: “Hasta que no se consiga lo que aquí había, no se suspenderá la requisa, que puede llegar a tardar hasta un mes”. Hasta el momento no hay ningún preso herido, y que buena parte de los reclusos fueron enviados a cárceles con nuevo régimen a solicitud de ellos mismos, aseguró.
Varela explicó el proceso que realiza en el sistema penitenciario del país para implementar el nuevo régimen: en primera instancia debe realizarse un proceso de pacificación que deponga la actitud violenta de los privados de libertad para luego coordinar la etapa de requisa.
El nuevo régimen busca desmantelar y erradicar las mafias dentro de las cárceles. Supone bloquear el ingreso de armas y celulares, uniformar a los reos, regularizar las visitas de familiares y las comunicaciones hacia el exterior, y debilitar el control de pranes.
Para Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones, esta decisión no toma en consideración el porcentaje de hacinamiento que ya se tiene en esos recintos penitenciarios. De los 78 penales que la ministra Varela asegura tiene el país, ellos solo contabilizan 38. De estos 38, el 63% no se encuentra bajo esta modalidad.
Del mismo modo, Carlos Nieto Palma, director de la ONG “Una Ventana hacia la libertad”, dijo que una buena parte de la población penitenciaria no se encuentra bajo el nuevo régimen. Critica personalmente esta práctica dado que han recibido denuncias de varios presos en el país, según las cuales han sido víctimas de maltrato. De acuerdo con Nieto Palma, se suele confundir en estos espacios lo que se considera disciplina con tortura.
Oscar Ronderos, exdiputado de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, apuntó a que solamente 12 cárceles en el país son las que se rigen por esta modalidad. Del resto, todavía no se ha implantado.
Cerradas, desalojadas e inauguradas
Durante la gestión de Iris Varela, tres recintos han sido cerrados completamente. Estas son: La Planta, El Internado Judicial de Falcón, y Sabaneta. Han sido inaugurados dos módulos de El Dorado, Nelson Mandela, La Comunidad Penitenciaria de Fénix y la cárcel 26 de Julio, ubicada en Guárico. Entre las cárceles rehabilitadas están: Centro Penitenciario de Occidente, El Agroproductivo de Barcelona, La Máxima de Barinas, Rodeo II, CEPRA, El Internado Judicial de Sucre, según comenta Franklin Suárez.
Aunque Nieto Palma, Ronderos y Prado concuerdan con esta afirmación, difieren con el hecho de que estas cárceles hayan sido inauguradas desde cero. Por ejemplo, Nieto explicó que en el caso de la cárcel 26 de Julio correspondía a galpones de alimentos que fueron expropiados y no contiene las condiciones, ni la capacidad para albergar a los privados de libertad. En este sitio, hoy día se contabilizan más de 1.000 reclusos.
Descentralización, ¿dónde estás?
Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario, aseguró que el problema radica principalmente en la falta de descentralización. Comenta que no se le ha dado cumplimiento al artículo 272 de la Constitución. Propone como respuesta al problema la revisión del Código Penitenciario, una ley que regule las comunicaciones personales dentro de las cárceles y tres subcomisiones encargadas.
De igual forma, Humberto Prado también expone que la crisis carcelaria se debe a la falta de uso de la figura legal de la descentralización. Plantea la reforma del Código Orgánico Penitenciario, la del Código Procesal Penal y la del Código Penal. Por último, insta a la creación de cinco academias profesionales de formación penitenciaria, una en cada región del país.