El colectivo de derechos humanos Surgentes calificó como «un montaje judicial» la presentación ante tribunales de la activista de esta organización, Martha Lía Grajales, a quien detuvieron el pasado viernes 8 de agosto al salir de una manifestación pacífica a las afueras del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela.
En un comunicado dijeron que la única prueba que presentaron en su contra ante el tribunal fue la de la página web de la organización donde se ve el activismo de Grajales a favor de los derechos humanos.
«Lo que el fiscal del Ministerio Público y el Juez de control consideran indicios de delitos que sustentan la privación de libertad, es el ejercicio del derecho a la par cipación en los asuntos públicos, a la asociación, a la manifestación y a la expresión, cons tucionalmente establecidos», explicaron.
Además, Surgentes dijo que hay una vulneración de derechos para garantizar que Grajales tenga un proceso judicial imparcial. Entre ellas mencionaron la negación a interponer un recurso de habeas corpus para que su familia conociera el sitio de su reclusión, impedirle a la defensora de derechos humanos designar a un abogado de confianza y no permitir que se comunique con familiares.
«Estuvo más de 60 horas en situación de desaparición forzada (desde el viernes 08.08.25 a las 4:00 pm hasta su presentación en hora indeterminada del lunes 11.08.25 y su anuncio público la tarde del mismo día) y al cierre de esta nota permanece incomunicada. Todos estos elementos configuran el carácter ilegal y arbitrario de su detención, según la doctrina del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de Naciones Unidas«, destacó el colectivo.
Esposo de Grajales pide actuar al Defensor del Pueblo
Su esposo Antonio González en un video que colgó en X la organización dijo el lunes por la noche que volvió a ir a Maripérez, Caracas, donde estuvo Grajales desde su detención en la sede de la Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero de nuevo este 11 de agosto le negaron que estuviera en el lugar.
«Su situación actual después del burdo montaje judicial después de su audiencia de presentación sigue siendo la de una persona incomunicada, que desde el viernes tiene la misma ropa y no sé si ha recibido alimentos porque no tiene comunicación con sus familiares», destacó.
González pidió al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, pronunciarse y actuar para exigir la restitución de los derechos constitucionales de Grajales.
«Hago esta denuncia pública y le pido expresamente al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que interceda y haga valer sus funciones constitucionales establecidas para permitirme a mí y a ella la posibilidad de comunicarnos», destacó.