“Es muy grave y peligroso que el Gobierno promueva grupos armados como lo ha venido haciendo”, sostiene, la socióloga Verónica Zubillaga, pues “el Estado no tiene capacidad de controlar a los grupos armados”, agrega.
Cuando a Verónica Zubillaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar e investigadora de la red Reacin, Observatorio Venezolano de Violencia, se le consulta sobre la presencia de armas de fuego en las protestas que se vive en el país, advierte que estamos en un contexto de violencia armada que se hace más complejo cuando se evidencia una actitud favorable del Gobierno frente a la tenencia de armas de fuego por parte de civiles.
Explica también que el uso de armas de fuego con fines políticos -“defender la revolución”, por ejemplo- es una ingenuidad. Advierte que estos grupos armados derivan finalmente en asociaciones criminales o grupos que terminan ejerciendo una acción de sometimiento, de violencia o de extorsión sobre la población.
¿Parecidos a Colombia?
Lo sucedido en el país vecino con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es, a juicio de Zubillaga, una muestra de lo que podría ocurrir en Venezuela. “Es muy peligroso armar a la población civil. Corremos el riesgo de que las relaciones sociales se conviertan en relaciones de dominación bruta”, dice.
Sobre la reciente propuesta de la Fiscal de que se desarrolle en el país una política de desarme y de control de armas y municiones, Zubillaga destaca tres elementos:
– Choca con la concepción gubernamental de que el pueblo debe estar armado.
– Denota falta de voluntad política para poner en marcha lo que desde hace ya varios años se viene planteando en el país sobre el desarme y el control de armas y municiones.
– Revela poco interés en poner en marcha esta política, pues en este país no se producen armas, pero sí municiones por parte de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). El control de municiones chocaría con algunos intereses propios de esta industria.
El largo camino del desarme
Aunque el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol suspendió, el pasado 2 de mayo, el porte de armas de fuego en todo el país durante 180 días, de las 82 víctimas fatales que ha dejado el escenario de protestas que se viven en Venezuela desde el mes de abril, al menos 50 recibieron impactos de bala.
El dato corrobora la alta incidencia de armas de fuego en la ocurrencia de homicidios denunciada por el Ministerio Público en su Informe de Gestión correspondiente al año 2016, en el que se señala que más del 86% de los homicidios ocurrieron por el uso de armas de fuego.
Para la investigadora, es significativo que tras el decreto del ministro Reverol, el pasado 11 de mayo civiles armados hayan atacado a otros civiles en la parroquia caraqueña La Candelaria.
“El director de la Policía Nacional Bolivariana señaló ese día que civiles armados agredían a protestantes pacíficos. Esto deja ver que el Estado no tiene capacidad de controlar a los grupos armados. Se abre un camino peligroso y doloroso que implicaría la implementación de políticas típicas en contextos de conflictos bélicos a grupos paraestatales. Entre esas políticas destacan: el desarme, la desmovilización y la reinserción”, acotó Zubillaga.