Yanín Fabiana Pernía Coronel, mesoterapeuta y de 25 años de edad, fue condenada a 30 años de prisión. Ella es una de las tres mujeres sentenciadas por el caso del supuesto magnicidio en grado de frustración contra Nicolás Maduro en 2018.
Pernía fue detenida el 5 de agosto de ese año, un día después de la explosión de un dron en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas, mientras se realizaba un acto por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La joven fue arrestada cuando pasaba por un punto de control militar conocido como Masparro, ubicado en el kilómetro 25 de la autopista José Antonio Páez, en el estado Barinas.
En manos de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Pernía fue sometida a desaparición forzada. También fue víctima de torturas y de violencia sexual, según denuncias de su familia y defensores.
“Fue golpeada, colgada, electrocutada, asfixiada, ahogada, víctima de actos lascivos y aplastamiento de uñas”, denunció uno de los abogados de la detenida.
Pernía fue presentada ante el Tribunal 1° de Control con Competencia en Terrorismo, con visibles rastros de tortura, y fue imputada por los delitos de terrorismo, homicidio en grado de frustración, entre otros.
Tamara Suju, abogada y defensora de derechos humanos, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) los actos de tortura física contra Pernía, tras su prisión en el año 2018 en las celdas de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligancia Nacional (Sebin).
En marzo de 2021, familiares de esta presa política solicitaron ayuda a través de redes sociales para poder atender sus necesidades alimenticias y de salud.
Presa en el Inof
Después de ser sometida a tratos crueles, Yanin Pernía fue llevada a la sede del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en la ciudad mirandina de Los Teques, la única cárcel de mujeres que hay en Venezuela.
En un informe publicado en 2021, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos señaló que durante la prisión la mesoterapeuta tuvo complicaciones de salud debido a las torturas que le infligieron.
“Desde el momento de su detención fue víctima de brutales torturas por funcionarios, tales como: aislamiento, descargas eléctricas en todo el cuerpo, diferentes tipos de asfixias, sometida a bajas temperaturas sin ropa y mojada, golpeada en la cara con el puño cerrado”, se lee en el informe de la organización.
En una entrevista concedida a Noticiero Digital, en agosto de 2019, Pernía denunció las lamentables condiciones en las que se encontraba recluida, ya que convivía en una celda junto a ocho mujeres que también están presas por casos políticos.
“No tenemos baño; debemos permanecer todo el día una montada encima de la otra; no nos sacan a caminar; no hacemos ningún tipo de actividades. No tenemos acceso a la luz solar, sino una sola ventana para todas. No podemos guardar la comida que nos trae nuestra visita, no tenemos agua corriente, estamos en pésimas condiciones”, dijo la detenida.
La condena
Pernía fue sentenciada a 30 años de prisión por presuntamente haber participado en el atentado contra Maduro.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y la defensa han señalado que el juicio estuvo plagado de irregularidades y que Pernía fue víctima del retardo procesal.
En su informe de 2021, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos señala que las mujeres presas políticas en Venezuela están bajo la órbita del Poder Ejecutivo y han sido sometidas a la disciplina propia de las fuerzas militares encargadas de su custodia, con los abusos y excesos propios de los mismos.
Hasta el 31 de octubre de este año, la organización Foro Penal contabiliza 247 prisioneros políticos en Venezuela.