Es absolutamente cierto e indiscutible que los llamados ‘cargos de confianza’ son cargos de libre nombramiento y remoción. De allí que los mismos no gocen del beneficio de la inamovilidad laboral. Por el contrario, un funcionario en esta condición sabe bien que puede ser nombrado o removido sin que medie o sea necesaria explicación alguna. Así, quienes alguna vez hemos estado en esa situación sabemos bien que nuestra suerte depende de la valoración subjetiva que la persona a cargo hace. Se supone que se trata de cargos de dirección con objetivos específicos que deben ser cumplidos y que son vitales en la determinación de la calidad de la gestión. Se trata de cargos que exigen de quien los tiene algún grado de lealtad.
Ahora bien, uno puede decir esto sin que sea contradictoria la idea de que nadie debe estar sometido a persecución política. Nuestra Constitución garantiza la libertad de culto y la libertad de pensamiento. Echar a la calle a gente simplemente porque ha manifestado una posición política particular es una práctica fascista.
Yo creo que los funcionarios de confianza deberían cuidarse de haber firmado en solicitud de Referéndum Revocatorio, si es que querían conservar sus cargos. A fin de cuentas, cada vez se hace más clara la vocación intolerante de quienes nos gobiernan, su incapacidad para recibir críticas, su intolerancia hacia la disidencia. Los funcionarios de Altos Cargos en la administración que firmaron pueden ser catalogados de imprudentes o de valientes. No me queda claro cuál de los dos calificativos cabe en este caso.
Lo cierto es que uno tiembla de indignación cuando los personeros del gobierno hacen pública, a viva voz y a través de los medios de comunicación, su vocación autoritaria. Su incapacidad de ver al otro como un sujeto autónomo, capaz de decidir por su propia cuenta aquello en lo que cree, aquello a lo que aspira.
Pareciera que el gobierno prefiere un ejército de autómatas, de esos que mueven la cabeza al unísono, se ponen firmes y en coro gritan un ‘’¡sí señor!”. Al final de la historia las órdenes no se discuten, se acatan. El problema -y acá tenemos una disyuntiva complicada- es que se supone que la democracia es un espacio para la discusión, para el pensamiento autónomo, incluso, si me lo permiten, para la disidencia.
Una sociedad en la cual la gente no puede manifestarse libremente, sin temor a ser agredido, maltratado o botado de su trabajo, difícilmente puede ser una sociedad democrática. Una sociedad en la cual los medios del Estado sirvan a la estructura de un Partido Político, no permitan que se escuchen múltiples voces o minimicen, exprofeso, los problemas, es una sociedad que se mueve al filo del autoritarismo. Una cosa es que uno tire a la calle a un funcionario corrupto, ineficiente, o desleal y otra cosa, diferente, es que haga una razia masiva en contra de quienes hacen una manifestación de voluntad, cualquiera que esta sea.
Más allá de la suerte individual de cada uno de estos sujetos, el problema es que se introduce una mala práctica en el ejercicio de lo público democrático en el país. Se le pide al funcionario lealtad absoluta. Yo diría que se trata de una solicitud absolutamente absolutista. Responde a un ejercicio del poder que no se construye democráticamente.
Uno lee la noticia y se siente, lamentablemente, viviendo en ese 1984 en el cual Orwell retrata de manera genial las características del totalitarismo. Al menos uno puede ver claro que existen tentaciones, que nos movemos en medio de una gran confusión, que la naturaleza de lo que vivimos sin que esté totalmente develada, se muestra de manera agresiva y feroz.
Este es un país que olvida con facilidad. Ya nadie habla de la lista Tascón, de la manera como fue aplicada para excluir a la disidencia, para evitar la diversidad, para homogeneizar alrededor de una visión particular del país, de la manera como se trató de gente que fue abandonada a su suerte.
Acá lo malo no es que despidan a la gente, los funcionarios de confianza están sometidos a esa posibilidad, es la manera como se hace, sometiéndoles a la amenaza, al escarnio público, suponiéndoles traidores a una causa, humillándoles. Se trata de una vejación, de una retaliación, de una muestra de la fuerza de la sinrazón. Los políticos tienden a ser poco humildes, a creer que se encuentran tocados por Dios, que están más allá del bien y del mal. Eso los lleva por la ruta del despropósito.
En el caso de los funcionarios de confianza estamos ante un exceso espantoso, ante una profunda muestra de intolerancia y de incomprensión. Las borracheras son terribles, sobre todo cuando lo que corre por las copas es el poder enceguecido e intolerante de quienes creen en la fuerza y no en la razón, de los que se creen invulnerables, de los que se sienten incapaces de equivocarse.
Fotograma del film 1984, de Michael Radford.