Quienes prometieron ser mejores, resultaron más perversos. Llegaron al Poder en 1998 pregonando que no se repetirían las atrocidades de la “Cuarta” y han acumulado en la “Quinta” un amplio expediente de crímenes de lesa humanidad que incluye masacres, asesinatos mediante tortura, asesinato de manifestantes, miles de ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes pobres, desapariciones forzadas, encarcelamiento de líderes sociales, sindicales e indígenas, juzgándolos incluso en tribunales militares.
La muerte del general Raúl Isaías Baduel en extrañas circunstancias se suma a este abultado expediente de acciones contra la humanidad. Detenido de manera arbitraria, sometido a tratos crueles e inhumanos mediante largos períodos de aislamiento y obstáculos para el ejercicio de su defensa, culminó su larga agonía con su fallecimiento en los calabozos del Sebin.
La crueldad llega a niveles tales que la familia ni siquiera fue informada de manera oficial a través de una llamada telefónica o la visita de algún funcionario a la vivienda. Sencillamente, quien un día afirmó no querer ser carcelero, difundió por Twitter la información acompañada de un falaz sentido pésame, cuando fue factor fundamental de la persecución y enseñamiento contra el General. Así actúan, así de “humanitarios” son.
En Venezuela no sólo hay detenciones arbitrarias contra activistas sociales y opositores políticos, sino un trato cruel e inhumano sistemático. Se persigue, se detiene, con frecuencia se somete a la persona a desaparición forzada y se le tortura, y una vez en el sitio de reclusión desde el primer día se le da un trato indigno.
Se maltrata a las familias. Incluso se les ha detenido, para obligar a una persona a entregarse a la policía. Como bien lo ha documentado la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, algunos se esos familiares han sido sometidos a tortura.
Lo ocurrido con el general Baduel y su familia es expresión de un terrorismo de Estado que deja en el camino miles de víctimas cada año.
Sobran las razones para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe su trabajo de documentar e identificar presuntos responsables de esos crímenes. Los criminales, quienes además se sienten envalentonados pensando que no les llegará el brazo de la justicia, siguen actuando con toda impunidad. Por ello es fundamental la labor de la Corte Penal y de la Misión de Determinación de Hechos. Es clave también el trabajo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las víctimas de los crímenes de lesa humanidad requieren justicia. La sociedad en su conjunto necesita que no haya impunidad y se produzca castigo ejemplar contra los más altos responsables, pero también contra quienes pusieron la electricidad en los cuerpos de los detenidos forzando auto inculparse, contra quienes planificaron los asesinatos en los operativos de seguridad, los que dispararon contra jóvenes de zonas populares, los que ordenaron reprimir las protestas ciudadanas y los militares o policías que apretaron el gatillo disparando a matar.
Se requiere justicia, no simulación. La simulación es impunidad.
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