La teoría política acude a distintos adjetivos para calificar condiciones que caracterizan una situación política o económica de Estado. Según la ciencia política, se enfocan las realidades subordinadas a tendencias ajustadas a leyes y disposiciones que ordenan el devenir correspondiente. Así se establecen conceptos que definen un modelo de Estado y de la organización social, política y económica.
De acuerdo a los tipos y carácter que comporta un Estado en particular, puede hablarse de Estado: benefactor, cooperador, corporativo, fallido, incluso, torturador. Cada una de esas categorías políticas, describen la modalidad social, política y económica bajo la cual el Estado en cuestión desarrolla sus propósitos.
Y aunque el concepto de “Estado torturador” sigue extrañando un fundamento epistemológico que avale su significado, su realidad es claramente reveladora de lo que a su interioridad acontece. Se trata de un Estado-Nación cuyo sistema político se apega al pensamiento arbitrario y despótico del totalitarismo.
Esa tipo de doctrina engendra el resentimiento del cual se vale un régimen totalitario para provocar la carga de violencia que justifica la acción de “torturar”, especialmente a quienes manifiestan el rechazo de apoyar aquellas decisiones arbitrarias.
El Estado torturador
Por tan contrariada razón, esos Estados Torturadores se distancian de todo valor jurídico formalizado alrededor del concepto de Estado democrático y social de Justicia y de Derecho. De ahí que sus ejecutorias son reforzadas por la figura del “hombre nuevo” o del “nuevo republicano”, como lo plantea el régimen venezolano en el Plan de la Patria y en algunos preámbulos de leyes.
En el contexto del totalitarismo, ese fulano “hombre del régimen” consigue en la impunidad el regazo necesario para encubrir la ignorancia y se sirve para convertirse en furibundo prosélito a cambio de la miserable postura que le otorga la ideología y el terror que ejerce desde una violencia amañada. Sin embargo, en la perspectiva de un Estado Totalitario es la razón de facto que lo convierte en “torturador”, especialmente, cuando actúa a la sombra de una institución estatal que ficticiamente se arroga la potestad de brindar “seguridad” a la ciudadanía.
Se tiene, por ejemplo, el caso de países que, en su desenvolvimiento, ensayan el totalitarismo como forma de dominio. La tortura aparece como el medio del cual se valen esos Estados para destruir las capacidades, derechos y libertades políticas del ciudadano que afianza su vida en el devenir democrático.
La tortura, a decir de la Organización de Naciones Unidas, ONU, o del Protocolo de Estambul, es todo acto por el cual se ocasiona intencionalmente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales a una persona, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión que interese a un estamento de poder o gobierno.
Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 5, refiere que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, la dinámica política ha continuado consintiendo actuaciones de tortura en Estados totalitarios. También llamados, “Estados Verdugos”.
Sólo que cuando la tortura se emplea como trato ordinario a instancia de intereses ocultos y necesidades desmoralizadas a las que acude un Estado en aras de propósitos envenenados por afán de la ideología y del terror dominante, entonces las realidades develan la presencia nefasta de un Estado Torturador.
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