Seguramente, el informe elaborado en nombre de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para este momento publicado y en manos de la opinión pública, de alguna forma, era conocido con la antelación del caso. Pero no por clandestinas fugas de información. El problema figurado por las graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales que pasaron a ser parte de la minuta del régimen, tanto como de portales de noticias, no son hechos novedosos en la Venezuela del socialismo del siglo XXI.
Reconocer que en lo que va de tiempo político, se cuentan más de 5.000 muertes por presuntas “resistencia a la autoridad”, es un elemento propio de la cotidianidad bajo la cual se desenvuelve no sólo un régimen cuyo estilo de gobierno está basado en la represión a todo dar. Igualmente, un pueblo harto de la injusticia que orienta la actual política de Estado que admite crueles tratos, además inhumanos y degradantes, ordenados por gobernantes que se arrogan, groseramente, potestades “extramuros”.
El informe en referencia, se convierte en un documento de fundamental importancia para validar la situación de desastre que vive Venezuela. Desastre avalado por la soberbia de un régimen empecinado en enquistarse sin una razón distinta de lo que constituye la enfermedad del poder. Sobre todo cuando quienes lo usurpan, cometen tal número de delitos que resulta difícil evadir la culpa que sobre sus desmanes recae.
El sólo hecho de reconocer asesinatos o muertes violentas generadas por la persecución política ordenada por el desespero de gobernantes asustados de lo que representa el correspondiente castigo de la justicia penal internacional, es ya una carga judicial cuya acusación no tiene descalificación alguna que pueda revocar su mandato. Y sin duda alguna, esto intimida a quienes durante veinte años se acostumbraron a palear a quien se atreviera a desafiar sus perversas órdenes.
Asimismo, el informe reconoce violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa. También, el uso del amañado sistema de justicia venezolano como pervertido mecanismo de acoso. Y de éste, no han escapado pueblos indígenas. Tampoco, mujeres. Ni siquiera niños. Y ahora, ni siquiera militares de cualquier rango con el cuento de que “lealtad siempre, traidores nunca”.
A la par, dicho documento exige una serie de medidas que abarcan la liberación inmediata de los presos políticos. No a modo de excarcelación. Sino como libertad definitiva. Sin recargos judiciales de ninguna especie. Que se proteja a quienes actúan como comunicadores para informar sobre lo que las tramoyas del régimen acarrean. Tan igual como se solicita protección plena para los defensores de derechos humanos.
Pero de manera categórica, este informe plantea al régimen la abolición del cuerpo de seguridad del Estado denominado “Fuerza de Acciones Especiales”, FAES, sobre el cual recaen fuertes acusaciones responsables todas de los desafueros cometidos de forma despiadada a la hora de los atropellos infringidos contra ciudadanos cuyo único pecado es contrariar la represión ordenada por personajes amparados a la sombra del poder político.
Ahora, sin duda alguna, el régimen se verá obligado a recusar lo que cuestiona el informe sobre la desastrosa situación de derechos humanos y fundamentales en Venezuela. La culpa se la arrimará a la oposición o a cualquiera que por desparpajo se encuentre en alguna esquina. Esto, a fin de excusarse ante los graves señalamientos expuestos en dicho informe. Todos, apuntando a la irresponsabilidad del régimen cuya mejor tarea ha sido la de llevar el país del “macro relajo al macro desastre” incoado desde un principio. Y no hay otra forma de dar cuenta que lo referido por el aludido informe, rebotará impúdicamente, pero no por mucho tiempo, ante los oídos sordos de la revolución.
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Dialogar: ¿Un problema de concepto o de praxis?