El periodista Eugenio Martínez, analista del tema electoral y con amplios conocimientos en la cobertura de esta área, escribió en el portal Prodavinci un artículo en el que evalúa las posibilidades de que se realice o no el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro este año, tomando como base las condiciones aprobadas este miércoles por las rectoras Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania D´Amelio y Socorro Hernández.
Aquí un resumen de su texto:
¿La fecha para la recolección del 20% permitiría un Referendo Revocatorio en 2016?
El CNE aprobó que la recolección de firmas se realice entre el 26, 27 y 28 de octubre.
Si se toma como punto de partida la última semana del mes de octubre, y las rectoras electorales insisten en considerar como términos los lapsos máximos previstos en las normas, aunque la oposición cumpla con el requisito de contar con el apoyo de 20% de los electores, el revocatorio no podría realizarse antes del mes de marzo de 2017.
No obstante, si las rectoras electorales agilizaran la ejecución de los procesos técnicos (como ocurrió durante las peticiones de referendos constitucionales de 2007 y 2009), entonces la consulta popular aún podría ser factible antes del 10 de enero de 2017.
El paso previo de cualquier análisis es saber si la oposición podrá (con la infraestructura propuesta) recabar las 3.893.129 manifestaciones de voluntad avalando el referendo revocatorio presidencial.
¿5.342 captahuellas permiten cumplir con el requisito del 20%?
La respuesta a esta pregunta depende de dos variables: la ubicación geográfica de los puntos de recolección y el promedio de personas que diariamente puedan autenticar su huellas y firmar avalando el Referendo Revocatorio presidencial.
Si el CNE utiliza los criterios empleados para los centros en el caso del 1% para la distribución de los centros de recolección del 20%, los electores dispuestos a firmar enfrentarán problemas de movilización y de acceso a los lugares que le dificultaran ejercer su derecho ciudadano de avalar una consulta popular de mandato.
Otro punto clave de las decisiones del CNE es la cantidad de captahuellas. El Artículo 72 de la Constitución establece como requisito para la activación de la consulta popular que ésta sea avalada por el 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral, lo que implica que al menos 3.913.403 ciudadanos deben firmar e identificarse biométricamente respaldando que se realice esta consulta.
Aunque diversos estudios de opinión pública sugieren que 58% de los ciudadanos (11 millones de electores) están dispuestos a firmar por el Revocatorio, la infraestructura electoral que piensa desplegar el CNE sólo permitirá que uno de cada tres ciudadanos dispuesto a firmar, logre hacerlo.
Si en la proyección no se utiliza el promedio nacional de 273 personas por día ( reflejado durante la recolección del 1%) en cada captahuellas, sino que se toma el ejemplo concreto del estado Nueva Esparta, donde sólo lograron registrarse 175 personas por cada captahuellas, y se supone que los problemas registrados en esta entidad se pudieran repetir en todos los estados durante la jornada del 20%, entonces sólo podrían avalar el revocatorio 2.804.550 ciudadanos, un millón cien mil ciudadanos menos de los exigidos en la Constitución.
¿La ubicación de los centros de votación permitirá recoger 20% de las firmas?
La distribución nacional de los centros y captahuellas sugiere que existirá un promedio muncipal de 3.600 electores por cada máquina durante los tres días de recolección. No obstante, el análisis de los resultados electorales previos en los 1.355 centros que serán habilitados demuestra que la mayoría se corresponde con colegios electorales donde el chavismo triunfó el pasado 6 de diciembre.
Según el análisis preliminar, realizado por el integrante del grupo de técnico de la oposición Robeto Picón, la infraestructura electoral propuesta por el CNE es insuficiente para satisfacer la demanda de participar políticamente, además de existir un sesgo contrario a las parroquias que votan en forma favorable a la oposición, disponiéndose menos máquinas de votación donde hay resultados favorable a la Unidad.
Por otra parte, el estudio advierte que en las parroquias urbanas los centros seleccionados son en general aquellos con el resultado menos favorable a la Unidad. Abundan los centros en zonas periféricas, marginales y en zonas de alta criminalidad.
Este análisis es preliminar y no incluye la ubicación definitiva de 300 de los 1.355 centros habilitados. La reubicación de estos centros podría mejorar los pronósticos regionales de la oposición para cumplir con el requisito del 20%.