Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren, estado Lara, no asistirá a la audiencia a la que fue citado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al desconocer la autoridad de los magistrados. “Desconozco esa decisión inconstitucional, emanada de magistrados ilegítimos”, declaró para Efecto Cocuyo este martes, 25 de julio.

El alcalde de Barquisimeto señaló que solo reconoce a los magistrados designados por la Asamblea Nacional el pasado viernes, 21 de julio, a los que considera amparados por la Constitución a diferencia de los que lo citaron.

Afirmó que no dejaría su despacho, sin importar la decisión que tome el TSJ. “Hace dos meses, la cámara municipal me destituyó y yo no acaté, le pedí al pueblo su respaldo y aquí estoy. Si me destituyen en esta oportunidad, haré lo mismo. Yo soy un alcalde elegido por el pueblo de Iribarren y seguiré cumpliendo mis funciones”, aseguró.

“Somos 14 alcaldes que tenemos procesos abiertos, por negarnos a acatar esa orden que busca sacar de las calles a las personas”, declaró y agregó que, antes que alcalde, él era un hombre libre, que iba a luchar por la democracia y la libertad.

Ramos fue citado por la Sala Constitucional del TSJ, para comparecer en una audiencia oral y pública el próximo viernes, 28 de julio, por su presunto desacato al mandato cautelar dictado en sentencia número 400 emitida el 1 de junio.

Además de la citación, el TSJ le prohibió la salida del país y aseguró que de no presentarse, se tomará como una aceptación “tácita” de los hechos por los cuales es acusado.

Le notifico al TSJ golpista que no asistiré al parapeto de audiencia al que me han convocado.Mi respuesta es con el pueblo,calle y más calle pic.twitter.com/wtuu5Oc267

— Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) July 25, 2017

El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, al que también acusan de “desacato”, no asistió a la audiencia a la cual fue citado al desconocer la autoridad de los magistrados del TSJ y afirmar que quienes lo citaron son unos usurpadores.

El TSJ les ordenó a 14 alcaldes evitar que se realizaran protestas, orden que han rechazado al considerar que las protestas contra la Constituyente son legítimas y que, como alcaldes, no tienen facultades para intervenir en situaciones de orden público.

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