No es la primera vez que el nombre del general retirado Julio César Fuentes Manzulli es vinculado con el tráfico ilegal de minerales en la zona sur de Bolívar, hoy denominada Arco Minero. Ya en 2014, el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez denunciaba la complicidad del excomandante de la policía del estado Bolívar con las bandas que allí operaban.
La denuncia sale a flote nuevamente con las investigaciones del caso Tumeremo. El diputado Américo de Grazia, quien encabezó la Comisión Especial que investigó la masacre en Tumeremo, aseguró que tanto Manzulli como el mismo gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, tienen nexos con el “pranato” instalado en las zonas mineras, la mañana de este martes 10 de mayo.
“La vinculación de este régimen con el pranato tiene nombre y apellido. Les dan credenciales de la policía del estado, le dan el visto bueno al tráfico de armas, de oro y diamantes. El comisionado especial del gobernador en la zona sur (Julio César Fuentes Manzulli) es quien le suministra las armas no solo a la banda del Topo sino al resto de los pranes que controlan la zona minera”, manifestó.
El parlamentario aseguró que la masacre en Tumeremo obedece a una “acción criminal del Estado”. “El régimen está interesado en sanear las zonas mineras que están comprometidas para las trasnacionales extranjeras de 35 países, para la Gold Reserve a la que le acaban de renovar la concesión”.
La denuncia estaría fundamentada en una investigación que llevó a cabo el comisionado José Gregorio Lezama, quien se encuentra detenido en el Sebin de Ciudad Bolívar, según refirió de Grazia.
“Si hay vínculos de pranes y de organizaciones criminales es de estos personajes del gobierno regional y también nacional. Si algo le pasa al comisionado José Gregorio Lezama, a su integridad física, el responsable será el ministro de Interior y Justicia y el presidente Nicolás Maduro porque están tratando de encubrir a todos los funcionarios que están involucrando de modo directo o indirecto con las mafias del oro que están en este informe que entregamos”, dijo.
De acuerdo con la acusación del diputado, la Fiscal General de la República, habría recibido el informe de Lezama en el que identifican las redes de bandas criminales y los negocios ilegales en el Arco Minero el pasado 8 de abril.
El Arco Minero del Orinoco tiene una superficie de 111 mil kilómetros cuadrados y cuenta con 7 mil toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial. El Gobierno anunció su explotación en el marco de la Agenda Económica Bolivariana para sortear la crisis que atraviesa el país.