El diputado Henry Ramos Allup tomó el micrófono, se levantó de su silla, revisó una hoja con anotaciones, y sentenció: “Dentro de la Fuerza Armada Nacional hay un hervidero” y agregó que el Gobierno quiere convertir a la milicia en un “cuerpo de represión” porque dentro de la FANB hay funcionarios que “no quieren asumir ese costo”.
En el hemiciclo de debates aseveró que “los funcionarios no se pueden escudar tras el cumplimiento del deber”, pues el artículo 25 de la Constitución establece que “si una orden viola los derechos humanos genera responsabilidad penal en el funcionario que la acate”.
A su juicio, la tesis del golpe de Estado es un “invento” del presidente Nicolás Maduro para “justificar la represión selectiva y masiva”. “Los planes de terrorismo son made in Cuba. Son los mismos que le han permitido a los Castro mantener reprimido al pueblo cubano”, expresó.
El político señaló al General José Gregorio Gómez Larez, jefe de contrainteligencia, de montarle el peine al diputado Gilber Caro, hoy detenido en la cárcel 26 de Julio del estado Guárico.
En su discurso, utilizó unos motes subidos de tono para referirse al Poder Ejecutivo al que denominó de “pústula” y “tumor infame” y retó a los cuerpos de seguridad a disparar bombas (lacrimógenas) y perdigones a los manifestantes. “El culillo está del otro lado, de este está la razón”, expresó.
Más temprano, en un comunicado oficial, la directiva del Parlamento rechazó la creación de grupos “paramilitares” con los que se pretende “sustituir al profesional militar” y exhortó a la Fuerza Armada Nacional a ser “guardianes de la libertad”.
Remoción de los magistrados
La bancada de la MUD continuó el proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ con la instalación del comité preliminar que iniciará, mediante un proceso público, la selección de los candidatos a magistrados.
Para integrar dicho comité, se designaron 12 diputados: Chaim Bucarán (Unidad/Anzoátegui), Ismael García (Unidad/Aragua), Sonia Medina (Unidad/Táchira), Edgar Zambrano (Unidad/Lara), Carlos Berrizbeitia (Unidad/Carabobo) y los suplentes Julio César Reyes (Unidad/Barinas), Rafael Guzmán (Unidad/Miranda), Maribel Guédes (Unidad/Barinas), Olivia Lozano (Unidad/Bolívar), Luis Carlos Padilla, Omar González y José Hernández.
También aprobaron un Acuerdo en Rechazo al Golpe de Estado continuado y en condena a la represión que insta al Ministerio Público a cumplir los artículos 281 y 285 de la Constitución.
El artículo 281 tipifica las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, entre otras, “velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos” e “instar a la Fiscalía que intente acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos responsables de la violación o el menoscabo de los derechos fundamentales”.
El 285 establece que el Ministerio Público debe, entre otras cosas, “garantizar los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales”.
La diputada Delsa Solórzano denunció que la represión de las fuerzas de seguridad ha dejado aproximadamente 600 detenciones ilegales.
El papá de los hermanos Alejandro y José Sánchez también ejerció un derecho de palabra ante el hemiciclo y exigió al presidente Nicolás Maduro el derecho de defender a sus hijos en cadena nacional.
