“Las instituciones están secuestrando al cambio político en el país”, denunció el abogado constitucionalista Pedro Afonso del Pino.
Esa fue la respuesta que dio ante la sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declara nulos todos los actos de la Asamblea Nacional (AN) mientras esta se mantenga en “desacato”.
La decisión deja sin validez la actuación del Parlamento desde que fueron incorporados los diputados del estado Amazonas. “Desde el 28 de julio no tenemos Poder Legislativo en el país”, sentenció el abogado.
Para los especialistas, la sentencia N° 808, publicada el pasado lunes 5 de septiembre en el portal del máximo tribunal del país, es de carácter político. En esta se acusa a la AN de haber incurrido en desacato al incorporar a los diputados indígenas Nirma Guarulla, Romel Guzamana y Julio Ygarza a la Cámara.
“Son decisiones de naturaleza política en las que hacer un análisis jurídico resulta cuesta arriba”, expresó el abogado y docente Alberto Arteaga. “La Sala Constitucional está actuando como órgano político. No está actuando bajo su papel de árbitro, por lo que les dicta a los magistrados su conciencia y el derecho. Estamos ante un enfrentamiento de poderes”, advirtió.
Los esfuerzos de la Sala Constitucional por inhabilitar al Poder Legislativo, dijo, buscan acabar con el poder más importante de todos: el legislativo.
“Es el que posee la representación popular y plural producto del voto”, indicó Arteaga. “En dado caso, que el tribunal haga el cuestionamiento a esos tres diputados, pero no a la AN y, mucho menos, dejar sin validez las decisiones en las que participen estos”.
En la sentencia también se señala que la Asamblea tendrá sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales de mantenerse en “rebeldía” frente al ordenamiento judicial.
Para ello, el TSJ ordenó remitir copias de la decisión al Consejo Moral Republicano, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la República. Estos organismos estarían a cargo de ejercer las acciones correspondientes a cualquier penalización.
“La sentencia del día viernes parece más un discurso del Psuv al señalar que la AN tendrá unas sanciones éticas, políticas y sociales”, dijo Del Pino.
Añadió que la Sala Constitucional pidió al Ministerio Público investigar la directiva de la AN por la comisión de algún delito.
“La semana pasada el presidente Maduro dijo que, en virtud del decreto de estado de excepción, iba a allanar la inmunidad parlamentaria. Esperemos que no se trate de tomar acciones contra algún diputado”, indicó.
Sin embargo, precisó que el Ejecutivo no puede escudar este tipo de acciones en el decreto por tratarse de temas políticos y no de carácter económico.
El próximo paso para la Asamblea Nacional sigue siendo muy incierto. Para ambos abogados, las decisiones emanadas de los organismos del Estado dejaron de ser legales y pasaron a ser netamente políticas, por lo que resulta difícil predecir el curso del enfrentamiento entre poderes.
Sin embargo, para Del Pino, el siguiente paso debe ser tomado de cara a una transición política que resulte lo menos traumática posible para las partes: “El país no está montado en los rieles legales. Si no se llega a un acuerdo o a un pacto, no habrá salida. Seguiremos teniendo desenlaces”.